"No quiero dejar la playa en manos del turismo del bocadillo de mortadela". Con estas palabras, Antonio Verdú, el alcalde socialista de Vejer de la Frontera (Cádiz), salía al paso de las críticas recibidas tras aprobar la construcción, en plena playa virgen de El Palmar, de un macroproyecto formado por un resort hotelero con un complejo de dos apartahoteles de lujo. En total, más de 1.300 plazas. Su permiso para el proyecto y sus declaraciones posteriores han levantado la ira de bañistas, turistas y algunos colectivos vecinales, que este sábado, agrupados en la PELP (Plataforma contra el megaproyecto hotelero de El Palmar) protestarán contra el "ladrillazo" en plena playa y con bocatas en la nevera. La cita será a la una de la tarde, cuando arrancarán los conciertos y espectáculos en el agua, una cita que contará con el apoyo de rostros conocidos como el Gran Wyoming o Pablo Carbonell, asiduos cada verano a este paraíso amenazado.
Inicialmente, la cadena Riera Marsá mostró su interés en levantar dos apartahoteles turísticos con casi 700 habitaciones, de cuatro y cinco estrellas, pero se desentendió del proyecto y, posteriormente, fue retomado por la promotora Chival, auspiciada por el grupo Tarje, de capital andaluz, con el apoyo de Cajasol, y que depositó en el consistorio de Vejer una fianza de 180.000 euros a modo de aval.
El Palmar es una de las pocas playas vírgenes que quedan en el litoral andaluz y una de las zonas de España en las que más se ha respetado el trazado de sus costas. De hecho, la mayoría de las casas que se encuentran en la zona son de construcción ilegal -imposibles de eliminar por los años de derecho adquirido de sus dueños-, con viejas carencias en las más básicas infraestructuras, por lo que los vecinos llevan años denunciando la situación de abandono que sufren, la falta de prestaciones y servicios y la necesidad de regularizar la situación de sus viviendas. Un abandono que, según los opositores al macrohotel, sirve al alcalde como "presión": sostiene que sólo con el proyecto de lujo llegarán esos servicios, sólo levantando hoteles se canalizará la luz y el agua dignamente, cuando los preservacionistas insisten en que eso es "un derecho" que se "roba" para hacer ver que el ladrillo es la salvación de la zona. "El Ayuntamiento está obligado a dotar de infraestructuras a la zona sin vincularlas a intereses de una constructora privada", señala la plataforma en el folleto informativo editado de cara a la protesta del sábado.
Dañino y precario. Desde que se dio vía libre a la puesta en marcha del proyecto hotelero, el movimiento opositor se ha ido fortaleciendo, tras iniciarse en la red social Facebook, donde en pocas semanas consiguió el respaldo de más de 50.000 personas. La "continuidad del modelo de economía basado en el ladrillazo" y "la falta de sostenibilidad con el medio ambiente", son algunas de las razones fundamentales por las que el colectivo de PELP se declara en contra de este plan.
Desde la propia plataforma, se desmonta la idea "perversa y trasnochada", principal argumento del regidor vegeriego y los empresarios, de que el "tipo de hotel que se quiere construir será una fuente de riqueza y empleo para el pueblo" pues, en palabras de su responsable de comunicación, Antonio Morales, "el modelo de turismo tipo resort implica que los usuarios apenas salen del recinto, con lo que tampoco se beneficiarán así los pequeños comerciantes de la zona". "Al ser un todo incluido, eso genera la ruina de pequeños establecimientos familiares que están ya en la zona, obligándolos al cierre", sostienen. Las cadenas hoteleras de este calibre, además, forman y contratan desde una central al personal que necesitan, con lo que "sólo quedará un puñado de puestos de trabajo, precarios y estacionales, para los naturales del pueblo, de limpiadoras y camareros". Y aunque ahora vayan a la playa jóvenes, los ecologistas sostiene que estos visitantes hacen "deporte y turismo de naturaleza" que riega de dinero la comarca.
El consejero de Turismo , Luciano Alonso, recordó el martes que no hay "informes contrarios" al proyecto, aunque su intervención "no es necesaria", al depender del consistorio.
