Un gran edificio daba la bienvenida. Parecía mentira que esa mole, elegida y puesta en pie por el alcalde de Alcaucín, estuviera en la entrada de un pequeño pueblo interior de la Axarquía de Málaga donde las casitas bajas y encaladas eran hasta entonces la seña de identidad. Al más puro estilo marbellí, José Manuel Martín, el socialista que llevaba 18 años gobernando la localidad con el respaldo unánime de sus vecinos y que fue ayer detenido por corrupción, supuestamente ordenó alterar el plan urbanístico de la localidad para permitir la construcción del edificio. Los ecologistas denunciaron en noviembre de 2006 ante la Fiscalía de Medio Ambiente lo que consideraron "una agresión al urbanismo tradicional" de la comarca malagueña.
Era un botón de muestra. Alcaucín estaba en el punto de mira de los ecologistas. El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, había denunciado en varias ocasiones la urbanización del suelo rústico de la comarca. Según el presidente del colectivo, Rafael Yus, fueron en los últimos diez años más de un centenar las denuncias por infracciones medioambientales cometidas en la localidad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas difundidos por Efe, la población de este municipio malagueño creció un 8% entre 2007 y 2008, hasta los 2.649 habitantes. Un 63,4% más que la población declarada en 2000 (1.511 habitantes). En la actualidad hay hasta tres viviendas por habitante. Una cifra "muy superior" a las necesidades y que según Yus se debe a que "hay muchas casas vinculadas a la economía sumergida, la especulación urbanística y a la compraventa".
El portavoz de los ecologistas asegura que este rincón de la sierra malagueña era "un paraíso" para los alcaldes. Ecologistas en Acción presentaba las denuncias ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, que primero "ponían pequeñas multas al infractor, pero después ni contestaban y las archivaban directamente", explicó Yus. De ahí que la organización decidiera acudir directamente a la Fiscalía de Medio Ambiente, que abrió una investigación. Para el portavoz de GENA los regidores cometían tropelías urbanísticas a sus anchas.
Precisamente permitir a los vecinos convertir en cotizadas parcelas lo que habían sido modestas cortijos de sus padres era uno de los caminos más directos para ostentar el poder en estos pueblos. El alcalde que lo permitía seguía. Arreglar una casa de campo y venderla, normalmente a un extranjero, por unos 360.000 euros era un negocio redondo. Daba igual que el chalé, con torreón y piscina, se ubicara en suelo no urbanizable. La rendija para dar alas a estas edificaciones era normalmente un decreto de la alcaldía que permitía construir una casita vinculada a la explotación agraria. A veces no era una sino cuatro. Alcaucín no era una excepción. Ocurría en Canillas de Aceituno, Comares, Cómpeta, Frigiliana, Torrox, Sayalonga o La Viñuela.
La Junta de Andalucía no aprobó hasta julio de 2006 el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía. Fueron los alcaldes del PSOE los primeros que se rebelaron contra ese documento que declararía ilegales la mayoría de las edificaciones de sus municipios. El Gobierno andaluz se comprometió a crear un consorcio que estudiaría la legalización del 85% de las viviendas. Aún no se ha constituido. La mayoría de las localidades carecían de plan urbanístico en vigor y debían ajustar sus documento a la nueva ley andaluza (LOUA). Precisamente la Diputación Provincial de Málaga, cuyo servicio de arquitectura es investigado en el caso Arcos, entregó hace dos meses, en diciembre de 2008, la adaptación del PGOU de Alcaucín a la norma andaluza.
