En mi Universidad andamos de reforma de Estatutos, una vez más, entre otras cosas para adaptarnos a la Ley Orgánica de Igualdad. Y por ello revisamos su redacción para hacer lo que la ley nos manda, "la implantación del lenguaje no sexista en el ámbito administrativo". Hacer esto, hablar de "profesores y profesoras" y así, ha generado reacciones encendidas y una resistencia digna de mejor causa, con escritos sesudos y airados, porque se quieren ver cambios en el lenguaje, en contra de la norma.
Pero la Ley no pretende imponer un determinado lenguaje a la sociedad, sino tan sólo establecer reglas para el lenguaje administrativo. Nadie parece tener problemas con que en documentos oficiales haya que llamar a alguien Excelentísimo (aunque no lo sea). Otra cosa es el lenguaje político, que eso es opción de cada uno y luego será el electorado quien lo valore, como así ha lo ha hecho recientemente.
Se construye una falsa oposición entre el Parlamento y la Academia, como si ésta fuera la dueña del lenguaje, y éste permaneciera inmutable sin más cambios que aquellos que los académicos quisieran permitir. Dicen también que la ley pretende imponer una ideología, la feminista, a toda la sociedad; como si la democracia no supusiera precisamente que los elegidos por el pueblo puedan poner en práctica su propia ideología, que es la que ha obtenido el apoyo de la ciudadanía, sin que esto suponga imponérsela a nadie y sin que surja un derecho a la objeción de conciencia.
En un país en el que no hubo quien, del Rey para abajo, no adoptara los usos lingüísticos de Chiquito de la Calzada, resulta cuanto menos sorprendente el celo con que algunos defienden la pureza de la lengua.
Catedrático de Derecho del Trabajo
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