El limbo legal de las sectas

En Andalucía operan entre 60 y 80 grupos sospechosos de manipular a sus fieles

el 08 ene 2011 / 17:33 h.

La Fiscalía de Granada ha denunciado al gurú Antonio Javier Ruiz, Shiva Shankara.

Una decepción, una pequeña depresión o simplemente una crisis existencial en momentos de cambios vitales como el paso de la juventud a la madurez hacen vulnerable a cualquiera deseoso de respuestas y dispuesto a escuchar a quien se las promete. No hay un perfil y nadie esta exento, pero quienes caen en las redes de una secta suelen ser inteligentes, gente con formación y hasta éxito profesional que sólo busca equilibrio y serenidad en un mundo cada vez más convulso, la mayoría jóvenes que empiezan a afrontar ese mundo.

Las asociaciones de familiares y ex adeptos esperan mucho de la denuncia abierta por la Fiscalía de Granada contra una comunidad hinduista por esclavizar a sus adeptos, privándoles de sueño y comida y sometiéndoles incluso a abusos sexuales. Se calcula que en España operan 10.000 grupos sectarios, algunos muy pequeños de apenas diez miembros. En Andalucía están implantados entre 60 y 80, según la información que maneja la asociación de prevención contra la manipulación sectaria RedUne, que se nutre de denuncias -algunas anónimas- y unos 800 colaboradores por todo el país que les informan de comunidades sospechosas.

No existe un Observatorio oficial para prevenir y hacer un seguimiento de las comunidades que puedan ser clasificadas como tales, como en otros países y pese a que la Unión Europea hizo una recomendación al respecto en 1984. En la futura ley de libertad religiosa, el Gobierno se comprometió a abordarlo pero la norma está paralizada.
Las denuncias que prosperan y la jurisprudencia sentada son escasas. Si no hay menores implicados ni conductas claramente delictivas, como los abusos sexuales investigados en Granada, resulta difícil demostrar que un adulto no es dueño de sus actos y las creencias, cualesquiera que sean, son libres. Asociaciones como RedUne reivindican que se aplique el artículo 515 del Código Penal según el cual, son punibles, como asociaciones ilícitas, "las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución". En la práctica, cuando se ha actuado contra estos grupos ha sido por delitos fiscales.

La moda de las terapias alternativas, la meditación y prácticas orientales se ha convertido en un filón para captar adeptos. La mayoría llegan a estos grupos a través de supuestas clases de yoga u otras técnicas de relajación. El responsable de RedUne, Juantxo Domínguez, alerta de que también usan la apariencia de ONG e incluso logran subvenciones públicas como asociaciones culturales "o que les presten centros cívicos para dar conferencias donde captan a gente". De Andalucía, esta asociación ha recibido denuncias incluso de organizaciones como El arte de vivir que se ofrecían a dar conferencias en prisiones o supuestas ONG como Humana que recogían ropa "tras las cuales hay grupos catalogados internacionalmente como sectas".

Las hay expansivas, que buscan cuanta más gente mejor para lucrarse, pero también comunidades que prefieren el aislamiento. Muchas se han implantado en España a través de extranjeros asentados en el país que compran casas en ruinas en zonas apartadas donde crean centros de meditación. La Guardia Civil y la Policía tienen algunas bajo vigilancia, como en Valverde del Camino o un Molino de Aracena, pero resulta difícil reunir pruebas para imputarles delitos. Su modus operandi para mantener a los adeptos bajo control pasa por debilitarlos física y mentalmente con escasa alimentación y pocas horas de sueño, un progresivo aislamiento del entorno y el algunos casos la manipulación sexual.

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