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El litoral andaluz es el menos protegido de todo el país

El Gobierno no ha ejecutado el 17% de los deslindes prometidos.

el 04 feb 2010 / 20:35 h.

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Vista del hotel que Azata del Sol construye en El Algarrobico (Almería).
El litoral andaluz es hoy el menos protegido de todo el país. La comunidad con más kilómetros de costa es la que menor porcentaje de deslinde del dominio público marítimo terrestre registra, una figura con la que el Ministerio de Medio Ambiente trata de blindar las playas, dunas, acantilados, marismas, espacios ganados al mar y todos los demás terrenos que van "desde la marea más baja hasta donde llegasen las olas en los mayores temporales".

Fue la ex ministra Cristina Narbona la que impulsó esta figura, con la que se pretendía evitar la destrucción de la costa y su creciente privatización. Por el deslinde el Gobierno asume la titularidad de los bienes y, así, los protege de cualquier agresión. La promesa del Ejecutivo central es que a finales de 2009, tras cuatro años de proceso, estuviesen realizados todos los deslindes de España, pero lo cierto es que hoy sólo se han ejecutado al 87,2% (8.885 kilómetros sobre 10.000), una cifra que baja al 83,8% (3,4 puntos menos) en el caso de la comunidad andaluza, el peor balance del país, según datos facilitados por el propio ministerio. Eso supone que Andalucía ha blindado 1.703 kilómetros de su costa, frente a los 2.101 susceptibles de ser deslindados.

Todas las demás regiones se encuentran por encima de ese nivel (90,6% en Galicia, 97% Asturias, 87% Cantabria, 88,5% País Vasco, 92,3% Cataluña, 94% Baleares, 90% Murcia, 86,5% Canarias); en el caso de la Comunidad Valenciana, se encuentra al 90,5%, aunque descontando Alicante, la provincia donde más litigios se han formalizado ante la Audiencia Nacional por esta compra forzosa. Sólo las ciudades autónomas se encuentran a un nivel inferior al andaluz (78% Ceuta y 67% Sevilla), y su caso no es comparable por contar con planes específicos.

Por provincias, Huelva y Málaga son las que lleva un ritmo más lento, con el 73% de la costa deslindada, seguidas de Sevilla (77%), Cádiz (89%) y Almería (93%); Granada, con el 99%, es la provincia con un mayor avance en la protección de su litoral.

Medio Ambiente justifica esta tardanza generalizada -sólo parte de Asturias y la provincia de Guipúzcoa han llegado al 100% prometido para diciembre- asegurando que "el resto de suelo que aún no se ha deslindado está ya en avanzado proceso de tramitación" y que el trámite "no es sencillo". Los principales problemas que afronta el ministerio son la complejidad técnica y la cantidad de estudios previos que conlleva la declaración; la gran cantidad de intereses cruzados y la variedad de administraciones implicadas; y la gran repercusión social que tiene entre los propietarios. "Sólo en el año 2007 se multiplicó un 1132% la apertura de expedientes de protección y a ello hay que sumarle los estudios técnicos para ganar en calidad, además de los numerosos recursos judiciales", añaden.

En los tribunales. Estos recursos, una treintena de ellos interpuestos por andaluces, provienen en su mayoría de quejas de propietarios, que ven cómo sus casas o chalés pasan a titularidad estatal, aunque sean legales y estén correctamente inscritas en el registro de la propiedad. Si la Demarcación de Costas incluye ese suelo en los límites del dominio público marítimo terrestre, esas inscripciones se anulan y los propietarios pierden los derechos de la propiedad. Así es como el Gobierno hace suya la tierra "para garantizar su uso público, la utilización racional de los bienes y un adecuado nivel de calidad en las aguas y las riberas". Y por una razón de futuro: "Es fundamental para adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, ya que se prevé que en los próximos 50 años haya un retroceso del litoral de hasta 50 metros", afirma la ministra, Elena Espinosa. Evidentemente, esas razones no convencen a todos y llega la pelea judicial. Andalucía, con todo, es la región menos litigiosa, lejos de las más de 400 denuncias de los gallegos.

Como recoge la Ley de Costas de 1988 , la que aprueba los deslindes, existe la posibilidad de que se compense a los propietarios con una concesión de 30 años, prorrogables por otros 30, para que puedan seguir viviendo en el mismo sitio. Aún así, pierden sus derechos y, en el caso de las hipotecas, los bancos pueden ordenar su ejecución o reclamar la presentación de nuevos avales.

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