Es una mujer formada, con estudios, un puesto de responsabilidad y experiencia en casos de violencia de género. Era jefa del grupo de la Policía Nacional que investiga los malos tratos cuando se convirtió en víctima, y eso levantó ante ella un muro de incomprensión: ha tardado cinco años en lograr una sentencia contra su ex pareja por dos agresiones, ambas ante su hija que entonces tenía tres años, y un episodio humillante en el lugar de trabajo que aún comparten. Él también es policía.
El juzgado Penal 1 ha condenado a su ex marido a penas que suman dos años y tres meses de cárcel, a 2.400 euros en multas, a estar a más de 300 metros de ella durante más de tres años y le retira el arma durante cuatro. Da por probados dos delitos de lesiones de violencia doméstica y allanamiento de morada, y faltas de lesiones, amenazas y vejaciones. Fue hace cinco años.
Tras un camino tan largo, su abogada destaca que "la sentencia pone por fin a cada uno en su sitio". Amparo Díaz, especialista en victimología y malos tratos, está indignada porque "durante todo este tiempo él ha negado su comportamiento violento, intentado anular la credibilidad de ella, y en muchos casos lo ha logrado porque a estas alturas todavía muchos piensan que una mujer con educación y poder no puede ser maltratada, y menos si tiene formación sobre malos tratos". Incluso le cuestionaron que pidiera orden de alejamiento, alegando que no la necesitaba porque tenía un arma y sabía usarla.
Pero de hecho, cuando le ocurrió, esta jefa policial olvidó las recomendaciones que hacía a las maltratadas a las que atendía en su comisaría, calcó sus miedos y no denunció de inmediato. La primera agresión fue en mayo de 2004, ya finalizada su relación. El policía supo que ella tenía otra pareja y se presentó en su casa. La empujó y la tiró al suelo para entrar hasta la cocina, donde encontró a su nuevo compañero y lo golpeó. Luego los amenazó de muerte: les dijo que sus hijos iban a quedarse "huérfanos".
Después, él llamó a varias personas para contarles que "casi los mata", incluida la madre de la víctima y amigos comunes. Dijo que no se arrepentía de haberles pegado, sólo de que su hija estuviese delante, relata la sentencia, que usó esas confesiones como pruebas para condenarlo. El juez también recoge la reacción de ella: le dijo al médico que se lesionó por accidente. Amparado en otros testimonios, el juez deja claro que ese comportamiento, habitual en estas víctimas, "no hace que su testifical pierda credibilidad, al ser plausible su explicación de que pensaban que sería un hecho aislado y querían evitar las repercusiones personales y laborales que tendría el hacerse público".
A los cuatro meses, él la estuvo siguiendo por la Jefatura de Policía chasqueando la lengua con "ruidos similares a los que se hacen para arrear a los animales", delante de la gente. Seis meses después fue al colegio de su hija durante una actividad extraescolar, y allí volvió a agredirla y luego se llevó a la niña.
Díaz afirma que no es un caso único: una empleada del Centro de Información de la Mujer murió en Sevilla a manos de su pareja, y en la Policía, con cierta tradición machista, hay otros casos llevados con discreción. Lo malo es que eso deja desprotegidas a las víctimas. Por eso esta sentencia es tan importante: puede ayudar a otras mujeres.
