Economía

El mapa eólico marino andaluz libera una gigantesca inversión de Acciona

El megaparque marino proyectado en Cádiz por la constructora Acciona queda incluido en la zona permitida por Medio Ambiente e Industria, un paso fundamental para hacer realidad un proyecto de 1.000 megavatios, 278 molinos en la mar, piscifactorías y fábricas de pescado.

el 14 sep 2009 / 21:24 h.

El megaparque marino proyectado en Cádiz por la constructora Acciona queda incluido en la zona permitida por Medio Ambiente e Industria, un paso fundamental para hacer realidad un proyecto de 1.000 megavatios, 278 molinos en la mar, piscifactorías y fábricas de pescado.

El mapa de parques eólicos marino concebido por los ministerios de Industria y Medio Ambiente y presentado ayer despeja, al menos parcialmente, una de las mayores inversiones previstas no sólo en la provincia gaditana, sino en Andalucía. Se trata del proyecto liderado por el grupo Acciona frente al cabo de Trafalgar, y que cuenta con un presupuesto de 2.483 millones de euros para instalar 278 molinos en una superficie aproximada de 20 hectáreas en medio del mar y alejada de la costa.

Tras analizar el mapa, esperado con ansias por unos promotores que acarician un proyecto rumiado desde hace un lustro, César del Campo, el administrador de la Agrupación de Interés Económico que lo impulsa, reveló a este diario que, a priori, el parque marino de Trafalgar se sitúa fuera de la zona de exclusión prevista.

En concreto, el informe conjunto de Medio Ambiente e Industria precisa que el 42,8% del dominio público marítimo-terrestre español es apto para la instalación de parques eólicos marinos, que, eso sí, no podrán ubicarse a menos de 8 kilómetros de la costa. El de Trafalgar, en cambio, sitúa su enclave más cercano a 11 kilómetros, y se aleja mar adentro hasta los aproximadamente 15.

Exactamente, los criterios que marcados para tal exclusión son las áreas marinas protegidas, las praderas de posidonias, las reservas marinas y de pesca, fondos marinos vitales, la instalación de artes de pesca fijas como las almadrabas o yacimientos para la extracción de áridos.

Junto a estas consideraciones medioambientales y económicas, otras vinculadas a la seguridad y enclaves estratégicos como el paso del Estrecho de Gibraltar, donde, por lógica, tiene prioridad el tráfico marítimo.

Pescadores y almadrabas son los que, temiendo el impacto del parque eólico sobre sus respectivas actividades, más se han opuesto a una iniciativa que, como aclara Del Campo, no sólo es energética, sino que ampara un proyecto "industrial sostenible, toda vez que incluye piscifactorías, plantas de procesamiento de pescado y de fabricación de piensos para acuicultura y la instalaciones de hasta 278 arrecifes artificiales en el mar". Es más, agrega, el montaje de los molinos se realizaría en Andalucía y aquí se fabricarían algunos de sus componentes, como las palas. Es, a su juicio, una inyección vital para la industria y el empleo de una comarca, la de la Bahía gaditana, "tan necesitada". Previsión: 6.000 puestos de trabajo directos.

¿Quiénes están detrás de Trafalgar? La constructora Acciona es el socio mayoritario, pues a través de su filial Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) posee el 58% del consorcio y tiene, además, el 83% del segundo accionista de éste, que es la firma de ingeniería INR Eólica, mientras que el resto lo controlan el grupo sevillano Rusvel y la empresa gaditana Cupimar, dedicada al negocio de acuicultura.

La satisfacción de los promotores por quedar excluidos del veto no implica que la construcción se inicie de inmediato. Fue en octubre pasado cuando se presentó el estudio de impacto ambiental, y será el departamento dirigido por Cristina Narbona -la Junta de Andalucía no tiene competencias- el que habrá de pronunciarse. ¿Cuándo? No se sabe, aunque César del Campo confía en que sea pronto y para bien.

En cualquier caso, y según aclaró el director general de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, ningún parque de molinos en el mar podrá comenzar a construirse antes de 2010.

El mapa marino no es definitivo, sino que habrá de someterse ahora a información pública mediante el trámite de urgencia: máximo: 23 días. Es un paso previo a la Memoria Ambiental, un nuevo informe, ya definitivo, cuya aprobación depende del Gobierno.

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