i. morillo
Si Andalucía y Cataluña bendicen el modelo, Zapatero habrá salido airoso de un avispero político que le ha complicado los últimos cinco años. El que se suscriba será el quinto modelo de financiación que rige en España.
Todos han estado precedidos de un debate casi calcado, caldeado por los nacionalistas catalanes. Pero ninguno ha tenido una negociación previa tan ardua. La actual pugna comenzó en 2005, cuando los nacionalistas catalanes -en plena negociación del Estatut- lanzaron su puja más fuerte y pidieron que Cataluña se equiparara al cupo de Navarra y País Vasco (que van por libre y no aportan al sistema).
También es éste el modelo más complicado y diferente de cuántos ha plasmado un Gobierno. Hasta ahora todos los recursos iban a una caja común, se modulaba la solidaridad y las autonomías ganaban autonomía fiscal. Ahora todo eso ocurre pero con un engranaje distinto. El sistema se ha troceado. Existe un modelo básico, donde se garantiza la financiación de los servicios fundamentales y las competencias de cada comunidad. Para sanidad, educación y servicios sociales va el 80% de los recursos de las comunidades, según el Gobierno. Cataluña pidió limitarlo al 60% y ahora accedería al 75%.
Eso se completa con otros dos fondos adicionales que permiten un complicado juego de equilibrios. Uno va destinado a resarcir el incremento de población y otro recorta diferencias entre aquellas con renta más alta (para que la solidaridad no las perjudique) y renta más baja (para que no queden descolgadas).
