La avalancha de solicitudes de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por parte de las empresas como consecuencia de la crisis económica ha llevado al Juzgado de lo Mercantil de Sevilla a una situación de colapso. Su titular se lamentó de que asume una carga de trabajo "cuatro veces por encima de la que le corresponde". Así lo constató ayer la magistrada juez de lo Mercantil de Sevilla, María Teresa Vázquez Pizarro, durante una jornada informativa sobre el proceso concursal organizada por la Cámara de Comercio de Sevilla, y en la que estuvo acompañada por su presidente, Francisco Herrero.
La magistrada explicó que "los procesos concursales se tramitan para llevar a cabo un convenio o para liquidar bienes". Ahora bien, el gran problema, aclaró, es "que estamos viendo cómo las empresas llegan tarde al concurso, cuando su situación presenta pocas posibilidades de resolverse con un convenio, de manera que se presentan para liquidar".
Llegados a este extremo, las empresas solicitan un concurso sin bienes para esa liquidación, pero la ley en estos casos no prevé una causa de inadmisión por la inexistencia de dichos bienes, por lo que finalmente el concurso se declara "y se convierte en un problema, ya que no se puede hacer frente a los gastos que dicho proceso ocasiona", concluyó.
Y es que la crisis ha generado una avalancha de concursos que tiene colapsado el juzgado, hasta el punto de que cuenta con carga de trabajo que supera hasta en cuatro veces su capacidad.
El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, aprovechó para insistir en solicitar la creación de "una comisión de servicios que permita agilizar los procedimientos concursales". El objetivo es que contribuya a aliviar la situación de colapso mientras se pone en marcha el segundo juzgado de lo Mercantil, anunciado para finales del próximo año o principios de 2010.
"La demora en la tramitación de los procedimientos concursales, con señalamientos de juicios a más de un año vista, es muy grave para el funcionamiento de las empresas, que tienen que sumar a sus dificultades económicas las que se deriven de los retrasos en los señalamientos, desnaturalizando la función de urgencia en la que está inspirado el procedimiento", opinó Herrero durante su intervención.
En este sentido, "la Cámara de Comercio considera que no es admisible que un procedimiento que persigue la continuidad de las empresas y del ejercicio de su actividad, con independencia de las situaciones de crisis, se termine convirtiendo en un certificado de defunción de las mismas, por la escasez de recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia", declaró Herrero. También repitió que el organismo está dispuesto a colaborar en todo lo que pueda con la Administración de Justicia para agilizar dichos procesos.
