El Ministerio de Medio Ambiente ha pedido ya al servicio jurídico del Estado un informe para conocer si la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida en 2003 de forma favorable al proyecto de dragado de profundización del Guadalquivir sigue vigente o no. Así lo avanzó ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, que ayer asistió al Consejo de Participación de Doñana que se celebró en Almonte.
Ramos manifestó que el departamento que dirige Miguel Arias Cañete tiene dudas sobre si la evaluación ambiental positiva que se dictaminó hace una década tiene vigencia a día de hoy.
La conclusión a la que se llegue tras ese análisis será fundamental, puesto que la Autoridad Portuaria de Sevilla sustenta el proyecto sobre la vigencia de la DIA, y determinará si implica realizar una nueva evaluación del impacto sobre el entorno, lo que añadiría una nueva demora de manera que difícilmente podría aspirar a recurrir a los fondos europeos que expiran este año.
El secretario de Estado precisó que aún está pendiente que el Ministerio reciba el proyecto definitivo sobre el dragado, con las condiciones que se impusieron en su día al Puerto de Sevilla, para realizar el análisis.
En este sentido, Ramos aclaró que el Ministerio no se está manifestando ni a favor ni en contra del dragado, sino que simplemente lo que ha dicho es que cualquier actuación tendrá un primer objetivo que es la conservación del entorno de Doñana y que sin una garantía absoluta para este espacio no habrá lugar a este proyecto. Y como segunda premisa indiscutible apuntó a la modernización de los regadíos que permita desvincular el cultivo del arroz del estuario para que haya una menor presión sobre el agua de la zona.
Siempre que se cumplan esos dos aspectos se podrá analizar el proyecto del dragado con rigor y con la seriedad con la que nos tomamos todos los procedimientos administrativos que afectan a nuestro Ministerio.
Si existe una nueva tecnología o posibilidades de llevar a cabo el proyecto con todas las garantías para el espacio protegido y los cultivos del entorno, se estudiará. El Ministerio lo que intenta es resolver lo más ajustado a derecho y buscando la mejor solución para una situación en la que hay intereses contrapuestos: del espacio protegido, de los agricultores del arroz y del Puerto de Sevilla.
En esa misma línea, el consejero andaluz de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas, insistió en la conveniencia de evaluar el proyecto de dragado de manera rigurosa, y recordó que en el Ministerio no existe aún un proyecto, algo que consideró fundamental porque hay que ver las cosas sobre los papeles y documentos concretos.
La posición de la Junta es la ya manifestada sobre la DIA y las conclusiones de la comisión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y abordar este tema con rigor, enfatizó. En su día este Consejo de Participación ya se manifestó contrario a este dragado, agregó. A su juicio, estamos hablando de una cosa que merecería una nueva DIA, sobre todo, teniendo en cuenta que hablamos del uso de fondos europeos y de algo que debe autorizar la Comunidad Europea.
Desde el extremo contrario, de defensa del proyecto promovido por el Puerto, el Grupo municipal Popular anunció ayer que pedirá en el próximo pleno al Gobierno central y a la Junta que colaboren en la búsqueda de soluciones que permitan acometer el dragado salvaguardando el medio ambiente y sin perjudicar a los agricultores, especialmente a los arroceros.
Su portavoz, Juan Bueno, defendió en un comunicado que el dragado del río es imprescindible para Sevilla porque representa un revulsivo para la creación de empleo, por lo que aseguró que el proyecto debe acometerse sin más demora y siempre respetando el medio ambiente y los intereses de los agricultores.
El dragado del río que apoya el PP no va contra los intereses de otras provincias porque esos intereses y los de Sevilla son compatibles, por lo que pidió abandonar las posturas radicales y aunar esfuerzos por el bien de Sevilla, por lo que, dijo, el PP será beligerante ante todas las administraciones, sean del color político que sean.
RECHAZO AL PLAN HIDROLÓGICO. El Consejo de Participación de Doñana, presidido por primera vez por el científico Miguel Delibes tras la dimisión en diciembre de 2012 del expresidente Felipe González, rechazó por mayoría el Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por el Consejo de Ministros, al considerar que no garantiza su supervivencia.
El consejero de Medio Ambiente Luis Planas apuntó que va a afectar negativamente a la cantidad y calidad de las aguas de Doñana y recordó que la Junta ya votó en contra en el Consejo Nacional del Agua. Además, precisó que la evaluación es insuficiente y que no se incluyen acciones específicas suficientes para recuperar el acuífero ni para dar continuidad a la recuperación de las cuencas vertientes, contempla acciones como el dragado en profundidad y plantea escasas medidas de ahorro de agua.
