A pesar del deseo por acometer el derribo expresado en varias ocasiones por Gobierno central y andaluz, la maraña judicial en la que se ve envuelta esta mole de hormigón de 20 plantas en pleno Parque Natural de Cabo de Gata ha hecho que ninguna administración haya querido dar pasos al respecto. En febrero de 2007, el Gobierno central anunció su intención de expropiar el terreno, paso previo necesario para la demolición, e incluso se negoció una indemnización con Azata del Sol de cien millones y se fijó 2010 como fecha límite. Pero dos años después renunció a hacerlo mientras no hubiera sentencia firme sobre la nulidad de la licencia municipal, alegando que su anulación podría no hacer necesaria la expropiación total o rebajar su precio. El pago del derribo también siembra dudas.
La ministra Rosa Aguilar dejó claro ayer que "en el momento que la sentencia se produzca, el Ministerio está dispuesto a colaborar para derribar" el hotel y poner sus medios materiales y económicos con la Junta para ello. Desde el Ejecutivo andaluz, la consejera de Presidencia Mar Moreno también se mostró partidaria de la demolición y expresó la disposición de la Junta a colaborar con el Gobierno para ello. Moreno también aseguró que "en Andalucía no va a haber más Algarrobicos" porque la Junta pondrá "los cinco sentidos" toda vez que el 1 de abril asumirá las competencias sobre la gestión del litoral, recientemente transferidas.
Tanto el Ministerio como las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO confirmaron ayer que el derribo del Algarrobico forma parte de la "hoja de ruta" que negocian ambas partes como prioridades del departamento de Aguilar para la legislatura. Sin embargo, los conservacionistas no ven un compromiso firme del Ministerio para la demolición. "Hasta donde nos han comunicado, no hay un compromiso en firme para derribarlo", dijo ayer el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Luis González. La portavoz de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, sí celebró que "hay pasos que se están dando". No obstante, los ecologistas han acordaron "no hablar" sobre los temas en negociación.
La plataforma Salvemos Mojácar, cuya denuncia llevó a paralizar las obras en 2006, ve una "farsa" las "supuestas intenciones" y "anuncios vagos" de la ministra, a la que exigió "un plan de actuación concreto y creíble que retome la expropiación".