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El ministro del ‘Prestige’ que pagaba en negro

El PP espera a mañana para suspender a Matas de militancia y el juez del caso ‘Palma Arena’ para decidir sobre su futuro.

el 27 mar 2010 / 21:06 h.

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Jaume Matas.

Hasta el pasado martes Jaume Matas nunca había ido a un juzgado... y esta semana ha pasado en el tribunal de Palma de Mallorca cuatro días y 15 horas declarando ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro. El viernes al mediodía el ex presidente balear abandonaba -con semblante muy serio- los juzgados sin pasaporte y con la petición de prisión eludible con el pago de una fianza de tres millones de euros -una de las más altas solicitadas en España a un político-.

Todo se remonta a la segunda etapa de Matas en Baleares (2003-2007), tras su aventura en Madrid como ministro de Medio Ambiente en el Gobierno de su amigo José María Aznar, donde tuvo que afrontar las consecuencias de la mayor tragedia ecológica vivida en España por el vertido del Prestige y logró aprobar el polémico Plan Hidrológico Nacional -derogado más tarde por el Gobierno de Zapatero-. Entre 2003 y 2007 el Ejecutivo de Matas construyó el velódromo Palma Arena, que costó el doble de lo inicialmente presupuestado, de 48 millones de euros a unos cien millones; una obra por la que el juzgado número 3 de Palma y la Fiscalía abrieron en agosto de 2008 -cuando ya hacía un año que Matas residía en EEUU- una instrucción judicial por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho.

Hoy, casi dos años después, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el ex presidente balear consiguió un aumento injustificado de su patrimonio -disfruta de un palacete en Palma y casas en Madrid y Sa Colònia valoradas en cuatro millones de euros- a base de compras y operaciones realizadas con dinero "de procedencia ilegal". Él mismo reconoció en su declaración ante el juez que parte de la reforma de su palacete de Palma -de 725 metros cuadrados-, que costó 400.000 euros, la pagó en dinero negro.

Matas, que hasta ahora había esquivado a la Justicia por el presunto espionaje al PSOE de las islas durante su primera legislatura en Baleares (1996-1999) y por la compra de votos de emigrantes en Argentina, se enfrenta a la petición de más de 24 años de cárcel por los posibles delitos de malversación de caudales públicos por desvíos sin justificar de 41 millones de euros del velódromo, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, cohecho, un delito electoral y la financiación ilegal del PP en Baleares -incluso los fiscales anticorrupción le acusan de pagar un mitin de Mariano Rajoy en el famoso Palma Arena durante las elecciones autonómicas de 2007 con fondos del Govern-.

El otrora hombre fuerte de Aznar y amigo de Rajoy es hoy un simple "militante de base". Y, por eso, cada mañana ha recorrido sólo con la compañía de su familia y abogado el camino hasta el juzgado y escuchado en soledad los abucheos de los mallorquines. Nada que ver con la citación del presidente valenciano, Francisco Camps, por el caso Gürtel. El PP está esperando a mañana para suspenderlo de militancia y el juez para decidir su futuro.

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