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El municipalismo ausente

Los candidatos a alcalde ignoran las leyes locales pese a reclamarlas durante años.

el 18 may 2011 / 22:14 h.

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Arenas, en un acto de campaña con el alcalde de Granda, José Torres Hurtado.

Las leyes locales, que constituyen el último "hito político" del Gobierno de José Antonio Griñán antes de que arreciase el escándalo del fraude a las ayudas de empleo , están pasando desapercibidas en el debate electoral de las municipales. Hace apenas un mes, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, volvía a defender en el Parlamento las leyes locales como "la piedra angular del municipalismo español y referencia de descentralización política y autonomía financiera municipal". Éste sería el momento de explotar ese municipalismo, en la antesala del 22 de mayo, pero ningún candidato las menciona y ningún partido hace alusión a ellas en su programa, excepto el PP (que votó en contra), para criticar la falta de financiación de los ayuntamientos.

Parece un contrasentido que las leyes que venían a introducir la segunda descentralización política -primero del Estado a las autonomías y ahora de las autonomías a los ayuntamientos- hayan quedado al margen del discurso de los alcaldes en plena campaña electoral. La Ley de Autonomía Local y la Ley de Participación de las Entidades Locales en los tributos de la comunidad fueron la respuesta a una reclamación histórica de los ayuntamientos: se quejaban de llevar años asumiendo competencias impropias que en realidad eran responsabilidad de la Junta. Los regidores protestaban porque destinaban tres de cada diez euros a servicios que no les correspondían y esta denuncia se hizo mayor cuando los ingresos tributarios de los ayuntamientos -la mayoría ligados a la construcción- cayeron un 50% a causa de la crisis.

Las leyes locales fijaron, por primera vez, 29 competencias exclusivas de los municipios, 15 más de las que reconocía la Ley estatal de Bases de Régimen Local, de 1985. Se definió con más claridad hasta dónde llegaba la autoridad de los ayuntamientos en urbanismo, servicios sociales, agua, medio ambiente, salud, consumo, turismo o deporte.

Los candidatos a alcalde en las elecciones del domingo no han cultivado ni explotado el nuevo marco legal que les atribuye las leyes, y sin embargo, algunos sí están prometiendo proyectos en materia urbanística, educativa, sanitaria o de obras públicas que no pueden ejecutar, porque no tienen competencias para hacerlo. Elegir dónde se construirá un colegio o un centro de salud, alargar un ramal de Metro o tener la última palabra en el planeamiento urbanístico de la ciudad todavía depende de la Junta o del Estado. Todas esas ideas no están al alcance de los futuros gobiernos municipales, sin embargo, la mera exposición de estas promesas imposibles vislumbra la frustración de los alcaldes andaluces respecto a las leyes locales. "Pedimos más autonomía de la que se nos dio y no la tuvimos", explican desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Los regidores discreparon de las leyes antes de su aprobación, porque la Junta conservaba la "tutela" sobre muchas de las competencias transferidas y supervisaba un hipotético desarrollo de las mismas. Al final, esto ha creado recelo en los candidatos, que apenas han intentado sacar rédito electoral de las posibilidades de unas leyes que la Junta calificó de "históricas".

El otro factor que ha arrinconado a las leyes locales del debate electoral ha sido la escasa financiación que han recibido los ayuntamientos. Se suponía que las competencias exclusivas que se transferían irían acompañadas del dinero necesario para ejecutarlas, pero no fue así. El fondo incondicionado que recoge la normativa -420 millones hasta 2014 que los alcaldes pueden gastar según su criterio- no es suficiente para aliviar el estado ruinoso de algunas corporaciones locales. De momento la Junta sólo ha librado 60 millones correspondientes al primer trimestre de 2011, que se han repartido entre los 771 municipios andaluces. Pero esa especie de fondo de nivelación ni siquiera se ha mencionado en campaña, porque apenas cubre una porción de la morosidad que arrastran.

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