El derrumbe de un muro de la calle Bustos Tavera, que mató a una joven de 24 años, se debió a "un error de los artesanos del siglo XVIII" que lo construyeron. Así se defendió ayer una las arquitectas acusada de homicidio imprudente, quien también responsabilizó al aparejador, que se declara inocente.
El 6 de abril de 1999 una fachada de Bustos Tavera se derrumbaba, provocando la muerte a una joven de 24 años. Ayer, diez años después, dos arquitectas, un aparejador y el administrador de la comunidad de bienes se sentaron en el banquillo de los acusados. Los cuatro negaron que fueran responsables del delito de homicidio imprudente del que les acusan y por el que les reclaman penas de entre un año y dos años de prisión.
Una de las arquitectas y administradoras de la promotora que ejecutaba las obras del edificio, que data del siglo XVIII, alegó que el derrumbe del muro no era ni "esperado ni previsible", ya que dijo que el estado de la fachada, el resto del inmueble fue derruido, "estaba en bastante buen estado". Según la acusada, la caída se produjo por un "error de fábrica de los artesanos del siglo XVIII" que levantaron el edificio, que estaba localizado en los seis metros de muro que se desplomó. Ante el asombro de todos los que asistieron al juicio, la arquitecta justificó dicho fallo en que entonces "no había dirección técnica" en las obras.
En su defensa y con mucha tranquilidad, también explicó que el calculo del tipo de andamio que debía colocarse en la fachada para evitar su desplome no era responsabilidad suya, sino que ese aspecto se incluía en el estudio de seguridad y salud laboral que dependía del aparejador, quien en cambio, defendió su inocencia al igual que el resto de imputados. El fiscal del caso, Federico Buero, mostró su sorpresa ante las palabras de la arquitecta porque como coordinador de la sección de Siniestralidad Laboral "veo a todas horas Planes de Seguridad y en ninguno aparecen los andamios", dijo.
Por su parte, el administrador de la comunidad de bienes del edificio y esposo de la arquitecta, al que sólo imputa la acusación particular, también se defendió culpando al aparejador. El procesado señaló que "nunca" dio ninguna instrucción en la obra y que la Gerencia de Urbanismo les concedió la licencia tras algunas modificaciones del proyecto, per que "nunca les paralizó las obras".
Además de las penas de prisión el fiscal reclama 120.202 euros de indemnización para la familia de la joven, cuyos padres acudieron ayer al juicio. La vista continuará el próximo lunes en el Juzgado Penal número 2, aunque se celebra en la Audiencia.
