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El no de la Junta a renegociar crispa la protesta de funcionarios

2.000 empleados se movilizan contra la reforma del sector público

el 11 nov 2010 / 21:53 h.

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Delegados sindicales del CSIF en la concentración de ayer a las puertas del Parlamento andaluz.

Cerca de 2.000 funcionarios de la administración general de la Junta, según el sindicato CSIF, y unos 1.000 cuantificados por la Policía, se parapetaron ayer ante el Parlamento andaluz, impidiendo la entrada y salida de vehículos, y lanzando consignas contra el Gobierno de José Antonio Griñán, al que acusaron de "nepotismo", de "recortar derechos sociales", de "gestionar la administración como un cortijo familiar" y de "burlar derechos adquiridos a los funcionarios". Dentro de la Cámara estaba el Gobierno al completo, durante la sesión de control. Pero nadie les recibió. Algunos trabajadores lanzaron huevos contra la fachada, y la Policía les exigió documentarse para dar parte del incidente. Desde CSIF aseguraron que hubo detenciones, pero la Policía lo negó tajantemente.

En el trayecto hacia la reforma del sector público, el Gobierno andaluz apunta hacia una dirección y la mayoría de funcionarios que se verá afectado por la reordenación administrativa encara la dirección contraria. Cada vez parece menos probable que ninguna de las dos partes vaya a detenerse, mirar hacia atrás, y reabrir la negociación. La Consejería de Hacienda da por cerrado el decreto ley, y sólo introducirá modificaciones vía enmiendas a los Presupuestos para vincularlo al acuerdo de interpretación del texto que firmó con los sindicatos CCOO y UGT. Mientras que los sindicatos mayoritarios de la Función Pública -CSIF, SAFJA y Ustea- endurecen cada vez más su posición de firmeza y abren frentes en los tribunales y en la calle.

Por un lado, CSIF ha recurrido el decreto ley ante el TSJA, ha anunciado que también llevará ante el juez el acuerdo "ilegítimo e ilegal" que la Junta firmó con CCOO y UGT, porque juntos apenas representan al 30% de funcionarios, y ha dejado caer que se querellará con la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, por marginar al sindicato mayoritario de la negociación. Por otro lado, los sindicatos persiguen a Griñán y a los miembros de su Ejecutivo en cualquier acto público, donde les increpan, silban y lanzan consignas de presión.

Ayer centraron sus críticas contra Mar Moreno, consejera de Presidencia, que la víspera se había mostrado abierta a renegociar con CSIF, pero minutos después rectificó, asegurando que el decreto ley no se modificaría y que el sindicato debía integrarse al acuerdo suscrito con la Junta. Los funcionarios la acusaron de "no saber negociar", e insistieron en que sólo aceptarían "empezar desde cero, si se paralizase cautelarmente la entrada en vigor del decreto ley", prevista para el próximo 1 de enero.

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