Los notarios españoles han celebrado su X Congreso la pasada semana en Tenerife. El evento que ha reunido a cerca de trescientos fedatarios ha tenido lugar en unos momentos de preocupación e incertidumbre por la profunda crisis económica, por la proyectada reforma del modelo de seguridad jurídica preventiva anunciada por el Gobierno en sus Acuerdos del 14 de agosto y por el proceso electoral de renovación de los órganos directivos.
Siguiendo la tradición iniciada hace más de treinta años, el colectivo notarial ha analizado la "permanencia y evolución" de su función, a partir de las modificaciones legislativas y reglamentarias de los últimos años y de las nuevas circunstancias derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías y de la crisis económica, financiera e inmobiliaria.
También, como ha sido habitual en este tipo de foro, las ponencias y comunicaciones, las intervenciones de las personas invitadas y los debates han alcanzado la calidad y altura científicas propias de profesionales que han sabido combinar con acierto el estudio y la teoría con la aplicación práctica del Derecho. Porque no debe olvidarse que el notario está presente en la gestación, nacimiento y conclusión de todos aquellos actos o negocios que autoriza; tiene ante sí a las partes, cuya capacidad y legitimación juzga; las asesora, controla la legalidad y redacta el documento; en definitiva, como se ha dicho con acierto, está presente "en la hora de la verdad".
Pero como sucede con otras facetas de la vida humana, la habitualidad y el conformismo impiden a veces apreciar y valorar la incidencia decisiva que la presencia de determinadas instituciones tienen en la convivencia social pacífica y democrática propia de un Estado de Derecho.
La Constitución consagra como "valores superiores" la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ahora bien la realización práctica de esos valores exige y requiere un sistema de seguridad real y efectivo, que impida cualquier tipo de discriminación, así como conductas delictivas y dolosas que puedan perjudicar al ciudadano, al dificultarle o hacerle imposible su libertad para elegir una u otra opción acorde con sus intereses y necesidades. De ahí la necesidad de que el Estado regule un sistema de seguridad preventiva o cautelar, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de tomar sus decisiones en libertad y la obtención real de aquella seguridad, si utiliza los medios legales que el mismo Estado le ofrece.
De conformidad y en sintonía con una tradición más que centenaria, el constituyente de 1978 optó por una seguridad jurídica preventiva basada en la fe pública notarial y el resultado de su actividad: la escritura pública. Este sistema, consagrado en la ley y avalado por una experiencia satisfactoria, debe ser mantenido en su esencia y adaptado a las nuevas circunstancias de la vida política, económica y jurídica. Espero que sea este el sentido del Acuerdo del Gobierno: consolidar la función notarial para atender mejor las necesidades de los ciudadanos y las exigencias del propio Estado.
Antonio Ojeda Escobar es notario
