Pablo Miranda, quien denunció que su novia argelina habría sido retenida ilegalmente por su familia de origen saharaui para ser casada en su país, ha asegurado que su marcha no ha sido voluntaria y confía en que la justicia aclare las circunstancias de su ausencia.
El abogado de Pablo Miranda, José Antonio Serrano, ha explicado en conferencia de prensa que el joven no tiene noticias de su novia, Maimuna Bachir, desde el 9 de agosto, y ha afirmado que la relación sentimental comenzó hace un año y medio y desde entonces la familia de la joven, que vive en Lucena, se ha opuesto a dicha relación.
En este sentido, ha señalado que la joven argelina se fue de casa de sus padres en abril de 2007 "tras recibir una paliza de su padre" y comenzó a trabajar entre semana cuidando a una persona mayor en Córdoba, aunque los fines de semana convivía con la familia del novio en la localidad de Encinas Reales.
Serrano ha manifestado que la joven "ha sido una más en la familia" durante este tiempo, y por eso "no entendemos que se haya marchado de forma voluntaria y dejando todas sus pertenencias aquí, como afirma el padre".
De este modo, el abogado ha explicado que el 9 de agosto el hermano de la joven la llamó para decirle que su madre estaba gravemente enferma en el hospital de Cabra, ante lo cual, Pablo Miranda llevó a su novia a Lucena para dejarla en casa de sus padres, "y no sabe nada más de ella desde ese momento".
El abogado de la familia ha asegurado que esta sucesión de hechos "responde a un plan ideado por la familia de la desaparecida" para trasladarla a los campamentos saharauis, donde, supuestamente, se casaría con un joven saharaui elegido por su padre.
Asimismo, ha afirmado que confía en la justicia para que se esclarezcan los hechos y ha informado de que el pasado 12 de agosto se abrieron las diligencias previas por parte del Juzgado número 3 de Lucena, "que continúa las investigaciones tras la testificación del padre".
Éste afirmó que su hija está en los campamentos saharauis visitando a un familiar, aunque "esperamos que la justicia pueda demostrar que realmente ha existido un delito de detención ilegal".