Los bañadores se han convertido para algunos usuarios de las playas de Cádiz en un símbolo de imposición y censura. La prohibición del nudismo plasmada recientemente en una norma municipal ya es una realidad y la Policía Local ha comenzado a conminar a los bañistas a que se vistan. Los nudistas están indignados.
Las restricciones del Ayuntamiento de Cádiz (PP) se han producido en la playa de Cortadura, entre la capital y San Fernando, donde tradicionalmente algunos ciudadanos tomaban el sol sin ropa de forma discreta y entre las dunas. Los efectivos municipales han dejado de hacer la vista gor- da y les han trasladado que las nuevas ordenanzas prohíben expresamente esta práctica. Siete personas han sido ya apercibidas, según informaron fuentes del Consistorio, que aseguraron que sólo se ha informado a los bañistas y que en ningún momento hubo incidentes.
Sin embargo, la actuación policial no ha sido plato de buen gusto para estos usuarios ni para la Federación Española de Naturismo y Nudismo, que advierte de que denunciará al Ayuntamiento si en un mes no da marcha atrás. "Estamos hablando de una ordenanza ilegal e inconstitucional. Ningún ayuntamiento tiene potestad para legislar temas de moral. No puede comportarse como un miniestado", señaló su presidente, Ismael Rodrigo, quien está convencido de que puede ganar la demanda porque hay otros municipios españoles que han intentado hacer una ordenanza similar sin éxito.
Esta amenaza no ha hecho cambiar los planes del gobierno local. La alcaldesa, Teófila Martínez, aseguró que no se plantea modificar esta normativa. "Si hay alguien que siente que no está siendo bien tratado, que denuncie, y le darán o no la razón. No hay ciudades donde por obligación tenga que haber una playa nudista. No hemos cometido ningún crimen", señaló la regidora gaditana.
La disposición fue aprobada en Pleno con los votos de los concejales del PP -con mayoría absoluta-, que hicieron caso omiso de las alegaciones de PSOE e IU, en las que pedían que se habilitara un tramo nudista en Cortadura para regular una práctica que ya se estaba produciendo. El principal argumento de los populares es que es una zona familiar donde no caben dichas prácticas.
Esta justificación ha indignado aún más a los naturistas, que consideran que "una familia no deja de serlo por ser nudista". Pero lo que más les llama la atención, según su presidente, son las sanciones de hasta 750 euros que se contemplan en las playas urbanas de La Caleta, Santa María de Mar y La Victoria. "La situación legal es que uno puede llegar desnudo hasta la playa pero allí tiene que vestirse porque le pueden poner una multa", explicó Rodrigo.
