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El nuevo ajuste del sector público reabre la guerra entre la Junta y sus empleados

Los sindicatos, como en la primera reforma, se dividen entre los que exigen despidos en las empresas públicas y los que los rechazan

el 14 oct 2012 / 18:38 h.

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Una de las multitudinarias manifestaciones de funcionarios andaluces.

Los Presupuestos Autonómicos de 2013, que se conocerán en unos días, traen consigo una tormenta en el sector público. Y no cualquier tormenta, sino la misma que desató la reforma de la administración hace dos años: un cisma entre la administración y sus trabajadores, entre los funcionarios y el personal contratado en las empresas públicas y entre los sindicatos que les representan. Las cuentas de 2013 incluyen la segunda fase del plan de reequilibrio financiero, que prevé un ahorro global de 118 millones en el sector público. Hasta ahora la reordenación había consistido en reducir el número de empresas públicas, bien por eliminación bien por fusión, y suprimir 180 cargos directivos. A esto se le unió el plan de ajuste, con una rebaja del salario de funcionarios y del personal laboral, más un recorte en jornada (y sueldo) de interinos. Todo esto se hizo en medio de paros y movilizaciones y bajo la inquisitiva mirada del Ministerio de Hacienda, que aún duda del impacto real del adelgazamiento, y pide más.


Ahora empieza la segunda fase de ese plan de ajuste, un ahorro mayor que saldrá directamente de los entes instrumentales de la Junta. Los sindicatos escucharon el primer trueno de esta tormenta el martes, cuando la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, anunció que recortará las transferencias a las empresas públicas y delegará en ellas la decisión de cómo autoinfringirse los recortes. Sin oxígeno financiero, el camino que les que- da será rebajar salarios, reducir jornadas laborales o ejecutar despidos.


La Junta descarta a priori la destrucción de empleo. IU, socio de Gobierno, admite la necesidad de eliminar las empresas públicas que no estén funcionando y apuesta por suprimir los beneficios salariales que aún se concentran en algunos entes. Está dispuesta a vetar los despidos, pero su prioridad es no separarse un ápice de la hoja de ruta que marquen los sindicatos. IU cree que el peor escenario sería revivir la guerra entre empleados públicos de hace dos años, cuando la Junta agrupó en las agencias públicas a los contratados como eventuales y laborales con los funcionarios.


El problema es que, como ya ocurrió entonces, la Junta no va a encontrar una hoja de ruta sindical de consenso a la que agarrarse. CCOO y UGT se niegan a que haya despidos. CSIF y el Sindicato de Funcionarios (SAF, antiguo Safja) exigen que los haya. Los primeros, que apoyaron a la Junta en la primera fase de la reordenación, defienden tanto a los empleados de la administración pura y dura como a los entes instrumentales. Los segundos, que lideraron las revueltas de funcionarios contra la reforma, denuncian el enchufismo y creen que las empresas públicas son una administración paralela que derrocha dinero público.


Los dos primeros sindicatos apuestan por optimizar recursos antes que despedir. UGT pide integrar a los 22.000 trabajadores de los entes instrumentales en la Función Pública, "si es necesario con cursos de reciclaje". Sin embargo, su portavoz, Antonio Tirado, reconoce que no habrá margen humano para esquivar los ceses. "Si se introduce la idea de un ERE en la empresa pública, también lo harán con los funcionarios. Para pedir el rescate a Bruselas, el aval del Gobierno serán los empleados públicos. Para recibir dinero, exigirán despidos de funcionarios, como en Grecia y Portugal", dice.


El portavoz de CCOO en la mesa de Función Pública, José Blanco, pide "optimizar recursos" antes que desguazar las empresas públicas. "La mayoría están justificadas por su eficacia", dice. A Blanco le preocupa que "vuelva a enfrentarse a colectivos laborales dentro de lo público". Como solución salomónica, CCOO propone a la Junta que unifique los convenios de todas las agencias y cree un solo convenio marco para "evitar privilegios e injusticias". La situación no es la misma para todos: a los trabajadores de las macroagencias públicas, como el SAE, les ampara el Estatuto Básico del Empleado Público.

Ellos se rigen por el derecho administrativo -no el privado-, igual que los profesores, médicos y personal de justicia (260.000). Los que pasaron de las extintas sociedades mercantiles a las agencias públicas se saltaron el proceso de selección de los funcionarios, y por eso los tribunales han tumbado la mayoría de las integraciones. CSIF y SAF aún tienen a estos empleados en el punto de mira, y piden a Aguayo "que aproveche la segunda oportunidad para cesarlos", dice José Manuel Mateo, presidente de SAF.

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