El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. / EP
El proyecto de reforma del Código Penal aprobado hoy por el Gobierno establece la nueva pena de prisión permanente revisable contra los asesinatos más graves como los terroristas, da nuevas herramientas para perseguir la corrupción y agrava los delitos de piratería y los incendios forestales.
En su presentación, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha destacado que esta reforma situará el texto penal español entre los más "avanzados" de las democracias del mundo y da respuesta, además, a la preocupación de la sociedad ante las nuevas conductas delictivas.
En algunos casos el Código agrava las penas, como ocurre en los incendios forestales y en los delitos de piratería, mientras que en otros se reducen, como en los de inmigración ilegal, por lo que el Gobierno ha destacado la flexibilidad de la reforma, que no ha olvidado que el fin del reproche penal es la reinserción social.
Varias asociaciones judiciales han alzado diversas críticas contra este proyecto de reforma del actual Código Penal de 1995, y han criticado algunas medidas como la prisión permanente revisable, si bien también hay encontrado "luces" en algunos cambios impulsados para hacer frente a nuevas actividades delictivas.
La "auténtica transformación" de esta reforma gravita en torno a la prisión permanente revisable, para asesinatos especialmente graves y delitos de terrorismo, de la que Ruiz-Gallardón ha destacado que su constitucionalidad ha sido avalada por el Consejo de Estado.
Desde el PSOE, sin embargo, su secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando, ha sostenido que la prisión permanente es inconstitucional por la indeterminación de los años de cárcel.
La nueva tipificación de los delitos contra el racismo y la xenofobia, en palabras de Gallardón, situará a España entre los países con la "legislación más avanzada de toda la UE".
También ha subrayado la nueva protección que se da a las personas con discapacidad así como a las mujeres frente a la violencia de género, con la introducción de nuevos tipos como matrimonio forzado, hostigamiento y acecho.
Según Justicia, el Código Penal ahonda en la protección de la mujer mediante la tipificación de la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima y la alteración de los dispositivos telemáticos para controlar medidas cautelares.
Los menores tienen una mayor protección en la reforma penal, que eleva la edad mínima de consentimiento sexual a los 16 años (ahora está en 13). También se tipifica que se les obligue a presenciar una relación sexual con terceras personas y se revisa tanto la prostitución como la pornografía infantil.
El texto hace una revisión técnica de un número importante de delitos, entre los que destacan los previstos para castigar la corrupción y evitar la impunidad de ciertas conductas.
En los delitos de administración desleal y malversación ya no será necesario acreditar el enriquecimiento ilícito del administrador o funcionario que falte al deber que tiene encomendado si, entre otros supuestos, se acredita que ha firmado contratos por un precio desorbitado o por servicios no prestados.
Además, el comiso es ampliado para aumentar la posibilidad de recuperar activos ilícitos.
La reforma también profundiza en la imposición de medidas de seguridad con los delincuentes sexuales, de forma que la libertad vigilada podrá aplicarse a más delitos en función de la peligrosidad del reo.
El proyecto de ley de reforma de Código Penal, que prevé hasta 6 años de cárcel para los propietarios de las páginas en internet que incluyan listados de enlaces para acceder a obras protegidas por derechos de autor, supondría, según la Asociación de Internautas, la "criminalización de todo internet".
