Más de 400 presos, la mayoría condenados por delitos contra la salud pública, quedaron ayer en libertad horas después de la aplicación del nuevo Código Penal. Esta reforma, que reduce las penas para el tráfico de drogas a pequeña escala benefició a 61 reclusos en Andalucía.
En concreto, según confirmaron a Efe fuentes de instituciones penitenciarias, hasta las 12.00 horas de ayer, se habían recibido 408 mandamientos de libertad dictados por los tribunales, tras examinar una a una las condenas y considerarlas ya cumplidas al aplicar la legislación más favorable al reo que recoge el nuevo Código Penal.
Concretamente, las nuevas medidas reducen las condenas para el tipo básico del delito de tráfico de drogas, que antes era castigado con penas de 3 a 9 años, y ahora se rebaja el máximo hasta los 6 años. También se reduce la condena para los tipos agravados del tráfico de estupefacientes, antes castigados con entre 9 y 13 años de cárcel y a partir de ahora de 6 a 9, lo que afecta, sobre todo, a los conocidos como mulas, que introducen droga en España en el interior de su cuerpo.
De las 408 excarcelaciones, 61 tuvieron lugar en Andalucía, 34 en Aragón, una en Asturias, 14 en Baleares, 37 en Canarias, tres en Cantabria, nueve en Castilla-La Mancha, 49 en Castilla y León, una en Ceuta, 40 en Galicia, una en La Rioja, 107 en Madrid, seis en Murcia, una en Navarra, seis en el País Vasco y 39 en la Comunidad Valenciana.
Madrid ha sido hasta ahora la Comunidad con el más alto número de excarcelaciones, aunque, de los 107 presos que quedan en libertad, 64 ya estaban en un Centro de Inserción Social (CIS) en régimen abierto; situación en la que también se encontraban otros siete de los presos que han quedado en libertad en Baleares.
Asimismo, la revisión de las condenas no se ha realizado de manera automática, sino que, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, ha sido supervisada por los jueces y fiscales correspondientes.
En este sentido, el nuevo Código Penal recoge las demandas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Todos estos organismos consideraban desproporcionadas las penas por delitos contra la salud pública en casos de inmigrantes que se ven forzados por la necesidad de introducir en España una pequeña cantidad de droga. "Se trata de distinguir entre mulas y capos", insistieron las mismas fuentes jurídicas, que recordaron que la abstención del PP en la votación que sirvió para aprobar la reforma no se debió a esta rebaja de penas, sino a que no se introdujo su propuesta de cadena perpetua revisable.
