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El nuevo curso pone a prueba el modelo de Zoido

La trama de fraude en el Plan Centro que denunció el PP se ha quedado sin base en apenas unas semanas.

el 03 sep 2011 / 19:36 h.

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*Mes clave. Septiembre marcará un punto de inflexión para el nuevo gobierno. Después de una fase de transición de tres meses sustentada más sobre los errores del periodo anterior que sobre los proyectos de futuro para esta nueva etapa municipal, el PP se enfrenta ahora al reto de dar sus soluciones a los problemas que viene denunciando sin cesar desde hace más de cinco años y empezar a asumir las consecuencias de sus propios fallos y aciertos. De momento, parece querer esquivarlas justificando cada paso que se da. Lo ha hecho con el Plan Centro, con las modificaciones del PGOU o incluso con la liquidación de la Fundación DeSevilla. Debates en los que el PP ha pasado de cumplir estrictamente su programa electoral, a enredarse en una sucesión de acusaciones para desacreditar a la anterior Corporación que pueden volverse en su contra.

*Centro. La derogación del Plan Centro es el máximo exponente. La teoría del fraude generalizado desarrollada por el PP a su llegada al gobierno y que sirvió de sustento para convocar su primera comisión de investigación se ha quedado ya casi sin base. Los funcionarios responsables de este proyecto y la Intervención avalaron la compra del material , la justificación de los pagos, el correcto funcionamiento de la instalación, la fiabilidad de las cámaras y la adaptación al marco legal de Protección de Datos. ¿Cuál es entonces el fraude según el PP? Que se dejaron de poner multas en marzo por falta de personal para realizar la tramitación de los datos y que en las semanas anteriores a la campaña, con el gobierno descabezado, no se resolvió. Si eso es base suficiente para hablar de fraude generalizado e impulsar una comisión de investigación, habría que abrir decenas de ellas en la ciudad. Y en cualquier caso, el sistema de control es sólo una parte accesoria del debate. El fondo es que después de la redacción del PGOU y tras cuatro años con una ordenanza que restringía el acceso de coches al Centro -aunque no se controlara- ahora hay libre circulación de coches y no hay una línea clara de actuación. Septiembre pondrá a prueba el Centro. Y al propio gobierno que, si no lo remedia, acabará siendo el único de una gran ciudad que tenga que presumir de haber favorecido el transporte en coche por un casco histórico y justificar que esa desregulación es la mejor situación para una ciudad.

*Propuestas. El PP tiene ahora un curso por delante para trazar su propio plan de movilidad. Al igual que tendrá que definir su modelo de gestión para empresas como Tussam, Giralda TV o Mercasevilla. Lo mismo que tendrá que dejar claro qué hay detrás del mensaje de flexibilizar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), cómo quiere resolver un problema enquistado desde hace años como es el de los aparcamientos subterráneos para residentes, cuál va a ser su diseño de la cooperación y de las políticas de atención al inmigrante o qué pretende hacer con la plantilla municipal y con la situación de servicios más que deteriorados.

*Errores. Los desaciertos del anterior gobierno, que los hubo y muchos, no pueden servir para justificarlo todo. Aunque haya casos que dejen en evidencia cómo el gobierno de PSOE e IU acabó él sólo echando por tierra iniciativas que pudieran ser consideradas aciertos. Sobre el papel la labor que estaba llamada a realizar la Fundación DeSevilla no es denostable . Destinar todos los años un millón de euros a proyectos de cooperación directa, realizar un plan de alfabetización o organizar servicios de atención a los inmigrantes son medidas positivas. Y suprimirlas puede ser cuestionable . Pero los procedimientos que se empleaban y la estructura que se creó no fueron los adecuados como puso de manifiesto en repetidas ocasiones la Intervención. Sin que de momento haya rastro en los informes de fiscalización de los desvíos de fondos que denunció el PP, sí lo hay de un desequilibrio financiero excesivo para un organismo de estas características, del que IU advirtió en buena medida en el informe del traspaso de poderes -al igual que avisó de que se habían producido despidos aunque sin mencionar que se había optado por un ERE-. El broche lo puso Alfredo Sánchez Monteseirín antes de irse. Domingo Enrique Castaño tenía una excedencia verbal -que ya de por sí fue cuestionada- y solicitó su readmisión tras ser exculpado de Unida d. El secretario reconoció su derecho a la plaza, pero Monteseirín, en lugar de dejar que siguiera su curso, quiso dejar recolocado al que fuera asesor del grupo socialista antes de irse. Así, con el desajuste contable y actuaciones como ésta, la fundación queda abocada a su liquidación. Ahora, queda ver si estas prestaciones se canalizarán de otra forma o se suprimirán.
fjalonso@correoandalucia.es

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