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El nuevo Plan de Derechos Humanos modifica la Ley de Libertad Religiosa

El nuevo plan de los Derechos Humanos en España incluye una reforma de la ley de libertad religiosa de 1980. El Ejecutivo no ha concretado que modificaciones hará aunque asegura que "no va contra nadie" y que es "garantista con los derechos de los ciudadanos", según la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

el 15 sep 2009 / 19:47 h.

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El nuevo plan de los Derechos Humanos en España incluye una reforma de la ley de libertad religiosa de 1980. El Ejecutivo no ha concretado que modificaciones hará aunque asegura que "no va contra nadie" y que es "garantista con los derechos de los ciudadanos", según la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Tras el Consejo de Ministros de ayer, De la Vega explicó que el plan de 172 compromisos sobre los Derechos Humanos "es ambicioso" porque situará a España "en la vanguardia mundial de la defensa de los Derechos Humanos", destacó que habrá una comisión de seguimiento integrada por representantes del Gobierno, de la sociedad civil, del Defensor del Pueblo así como por expertos en Derechos Humanos.

Y será dentro de este marco donde el Ejecutivo dará cabida a la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para adecuarse con el pluralismo religioso que existe actualmente en España. Aunque la vicepresidenta no abundó en que aspectos se reformarán de la actual norma, si aclaró que se hará "con el máximo consenso posible y servirá para incorporar la norma a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y "la pluralidad que recoge la sociedad" dado que la intención del Ejecutivo, en palabras de la vicepresidenta, es "atender al pluralismo religioso en los distintos ámbitos de lo público".

Esta reforma, aún en su fase inicial, cobra ahora más relevancia después de la sentencia que obligaba a retirar un crucifijo de un colegio público de Valladolid -recurrida por la Junta- y todo apunta que el Gobierno tratará de fomentar la laicidad del Estado. Este último motivo es el que provocó la primera reacción contraria a la reforma del Partido Popular. El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, admitió ayer que su formación "no se fía" del plan. A su juicio, se trata de "una maniobra" del Gobierno para "controlar" el hecho religioso y aquellas libertades que le resultan "molestas".

Trillo recalcó que la iniciativa del Ejecutivo de hacer este plan es "contradictoria con la idea misma de los derechos fundamentales de la persona", dado que, según dijo, los derechos humanos son libertad, capacidad de iniciativa y de auto organización y "un planeamiento" de este tipo "supone programación, control e interferir sobre la libertad de los ciudadanos". "Por lo tanto, no nos fiamos nada de ese plan", enfatizó el diputado del PP, que explicó que una iniciativa de ese tipo está concebida por Naciones Unidas como un instrumento para países en vías de desarrollo donde la garantía de los derechos humanos "hay que hacerla eficaz".

En su opinión, el Gobierno lo que quiere, "so pretexto de ese planeamiento y de esa modificación de la Ley de Libertad Religiosa", es "disolver el hecho religioso y equiparar estas confesiones con las sectas o con los movimientos esotéricos y, sobre todo, controlar, controlar y controlar".

A estas declaraciones de Trillo le quitó importancia el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al manifestar que la lLey de Libertad Religiosa es "mejorable", y minimizó la reacción del PP al considerarlo un partido "muy conservador, que no quiere que nada cambie, que nada se mueva".

Para Zapatero, la noticia sería que el PP, un partido que "cree que las cosas son igual que hace 25 años", dijo, apoyara una reforma progresista diseñada por su Gobierno para adecuar a los tiempos actuales el ordenamiento jurídico sobre derechos y libertades. España, según detalló el presidente, un país aconfesional que se caracteriza por una relación "muy, muy favorable" con la Iglesia católica, "mejor que la de cualquier país de la Unión Europea".

Trata de blancas. El nuevo Plan aprobado ayer también, justo dos días después del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluye un apartado contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que sí entrará en vigor el próximo 1 de enero. Con esta iniciativa, el Gobierno dará protección a las víctimas, durante al menos 30 días, para que decidan si denuncian a sus captores, y crea un fondo de bienes decomisados -de los captores- para asistir a estas mujeres.

Durante el mencionado periodo de reflexión la víctimas podrán escapar de la influencia de los traficantes y decidir si colaboran con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. Tendrán derecho a la asistencia social y jurídica y a una dotación económica que garantice su subsistencia o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan. Además, se les dará un sistema de asistencia jurídica inmediata gratuita y la disponibilidad de intérprete.

La ONG Amnistía Internacional consideró ayer el nuevo Plan previsto por el Gobierno una "buena noticia" a pesar de que denunció algunas faltas "considerables" como la eliminación total del régimen de detención incomunicada o la adopción de medidas para la exhumación de las víctimas del franquismo.

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