Es una de las novedades del plan pero no la única ya que en esta nueva edición los proyectos subvencionables no serán sólo obras de construcción, rehabilitación, conservación o mantenimiento, sino también contratos de servicios vinculados a programas sanitarios, educativos, culturales o de servicios sociales de interés municipal que no sustituyan ni financien servicios de interés general, que los ayuntamientos están obligados a prestar y cubren con empleo público. Es decir, las corporaciones locales podrán pagar con estos fondos la contratación de monitores para actividades deportivas o culturales, pero no, por ejemplo, la de un arquitecto municipal.
De los 225 millones (el anterior Proteja contaba con 360), 205 se destinan a proyectos y 20 para acciones formativas. La distribución por municipios se realizará, de nuevo, en función de la población empadronada y la tasa de paro, y las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) tendrán un plazo de 30 días desde la entrada en vigor del Decreto Ley para presentar sus proyectos. Una Comisión de Seguimiento integrada por las Consejerías de Empleo, Economía y Gobernación hará la selección y el criterio fundamental será la creación del empleo, para que se destine a contratos la mayoría del dinero y no a materiales u otros gastos.
Las contrataciones deberán hacerse a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los ayuntamientos querían hacerlo directamente pero los sindicatos se han opuesto.
En la selección, tendrán prioridad los parados con cargas familiares que hayan agotado las prestaciones, los jóvenes menores de 30 años, los parados mayores de 45 años, los discapacitados -siempre que puedan ejercer los trabajos- y las mujeres. El anterior plan, al centrarse sólo en el sector de la construcción, ha favorecido el empleo masculino. Al abrir esta convocatoria a servicios sociales se prevé corregir ese desequilibrio.
El plazo de ejecución de los proyectos será de un año y los consistorios que aún no han adjudicado o iniciado las obras subvencionadas con cargo al anterior serán penalizados. Si no lo hacen antes del 1 de julio, de la partida que les corresponde en esta nueva convocatoria por su población y paro se les descontará el dinero presupuestado para los proyectos del anterior Proteja que siguen sin adjudicar.
Más agilidad y control en las acciones de formación
De los 360 millones del anterior Proteja, 60 se destinaban a formación con becas de 350 euros para desempleados que asistieran a los cursos y no cobraran ninguna prestación. El nuevo plan también prevé 20 millones para formación, si bien el borrador presentado a los agentes sociales deja el desarrollo de este apartado a una futura negociación en el consejo de administración del SAE.
Los sindicatos denuncian que, en este apartado, ha habido cierto "descontrol". Las becas se han pagado con retraso, no ha habido flexibilidad horaria para facilitar la asistencia a personas que seguían buscando empleo y participando en procesos selectivos y también se ha pagado a gente que no ha asistido. Reclaman que se oferten cursos relacionados a actividades emergentes y adecuados al perfil del usuario "y no cursos de inglés para un albañil", más flexibilidad horaria y control y que se cumplan los plazos de pago.
