No sólo los altos costes, los bajos precios en origen y la falta de liquidez desesperan en los últimos tiempos al campo andaluz. Los agricultores de la región se enfrentan a un reto más después de la aprobación en Europa de un nuevo reglamento que recoge una restricción mayor del uso y comercialización de los fitosanitarios que tiene especial incidencia en la región, más susceptible que otras zonas de la UE a las plagas por el clima. Esta directriz, que entró en vigor el 1 de enero, y la manera de afrontar la nueva directiva, centraron ayer la primera jornada del undécimo Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebra en Sevilla hasta mañana.
En este marco, José Ramón Martínez Cano-Manuel, jefe de Área de la Subdirección General de Medios de Producción del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, señaló que la aplicación del nuevo reglamento -cuyos objetivos son proteger la salud humana y el medio ambiente, salvaguardar la competitividad de la agricultura europea, promocionar el mercado común y acelerar el proceso de decisión- tendrá como impacto la retirada de entre un 5% y un 10% de las sustancias que se usan, una vez que ya se ha vetado un 70% con la directiva anterior. La normativa incluye en la actualidad un total de 261 sustancias.
Además, indicó que uno de los primeros pasos que debe asumir ahora España, como el resto de los países miembros, es dar forma a su Plan Nacional de Acción (PNA), que servirá para poner sobre la mesa las necesidades de la agricultura española. Con anterioridad, se creará un grupo de trabajo en el que intervendrán las partes implicadas en este asunto, como las Administraciones autonómicas y representantes del sector, con el objetivo de conocer sus opiniones.
"Este plan deberá estar listo antes del fin de 2011", adelantó, mientras que el grupo de trabajo se reunirá, previsiblemente, en el primer semestre de este año. "Será un instrumento necesario para poner en marcha todas las políticas agrarias", agregó. Así, establecerá las condiciones para la aplicación en el territorio nacional de la directiva comunitaria que restringe el uso de productos fitosanitarios.
En cualquier caso, tanto él como otro de los ponentes del Symposium, Luis Martín Plaza, representante de la Comisión Europea, indicaron que la nueva directiva no supone tantos cambios para España, ya que deja margen de acción a los Gobiernos, aunque el reglamento "sí impone ciertas condiciones". "Hay cuestiones como la lucha integrada de plagas, la obligatoriedad del carnet de manipulador o la importancia del desarrollo de la agricultura ecológica que se recogen en la normativa y que ya se contemplaban en España", insistió.
En cualquier caso, lo cierto es que a partir de ahora la entrada de nuevas sustancias será más complicada, al estar más definidas las que no tienen cabida en la agricultura de los países de la UE, y que también la normativa comunitaria igualará la situación de todos los países miembros. Además, los trámites burocráticos se reducirán. Eso sí, habrá posibilidades de derogar algunas disposiciones, como explicó Martín Plaza. "La pulverización aérea, por ejemplo, se prohíbe en principio, aunque se puede derogar si se demuestra que es la mejor manera de luchar contra plagas en un Estado concreto", precisó.
En este sentido, la Consejería de Agricultura defenderá los tratamientos aéreos que estén "justificados y con garantías" para la lucha contra las plagas de los cultivos, según expuso ayer la secretaria general del Medio Rural y la Producción Ecológica de la Junta, María Isabel Salinas. En Andalucía, están afectados por esta medida el arroz y el olivar.
"Creo que nadie nos puede dar lecciones en productos respetuosos con el medio ambiente y, de hecho, somos líderes europeos en agricultura ecológica y producción integrada", señaló. Así, el departamento que dirige Clara Aguilera informó de que participará con el MARM para elaborar el Plan Nacional de Acción.
