El PA de Alcalá denuncia a Limones ante la Fiscalía por "incumplir" acuerdos plenarios

La no ejecución de este acuerdo, según los andalucistas, podría constituir un presunto delito de "prevaricación administrativa por omisión".

el 25 nov 2013 / 20:51 h.

gutierrez-limonesLos concejales del PA en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han presentado este lunes ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial una denuncia contra el alcalde, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, a cuenta del "incumplimiento" de un acuerdo plenario aprobado el pasado mes de junio con el voto unánime de las fuerzas de oposición para modificar una de las ordenanzas fiscales. La no ejecución de este acuerdo, según los andalucistas, podría constituir un presunto delito de "prevaricación administrativa por omisión". En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la sede de la Audiencia Provincial, la portavoz del PA en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Dolores Aquino, ha rememorado el pleno celebrado por el Consistorio alcalareño el pasado mes de junio, el primero que los socialistas afrontaban en minoría al abandonar el Grupo socialista la concejal Laura Ballesteros para declararse edil no adscrita, extremo que para el PSOE supuso la pérdida de la mayoría absoluta ostentada hasta entonces. En aquella sesión, como ha recordado Aquino, los votos en bloque de la oposición; el PP, el PA, IU-CA y la edil no adscrita, supusieron la aprobación de una moción de los andalucistas destinada a modificar la ordenanza fiscal relativa al impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTN), popularmente conocido como "plusvalía". En concreto, la moción del PA comprendía una modificación de este impuesto para que, en casos de desahucio o pérdida de la vivienda habitual por imposibilidad de pago, los vecinos no figuren como "sujeto pasivo" de este gravamen y queden exentos del mismo. Dado el "incumplimiento reiterado" de este acuerdo y otros tantos pese a tratarse de una medida "jurídicamente posible y que ya se lleva a cabo en otras ciudades", la denuncia que el PA ha elevado a la Fiscalía atisba un posible delito de "prevaricación administrativa por omisión", aspecto castigado en el Código Penal con "de siete a diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos".

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