El pacto alcanzado entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para mantener la oferta de 3.796 plazas a maestro convocada por el Ejecutivo andaluz, que superaba los límites impuestos en los Presupuestos Generales del Estado , ha abierto la veda para desbloquear un conflicto que en el caso andaluz no llegó a los tribunales por los pelos pero que el Gobierno central sí recurrió en Cataluña, Navarra y Castilla y León.
La Abogacía del Estado retiró ayer el recurso presentado contra las oposiciones en Cataluña, 1.245 plazas, y su intención es buscar soluciones "hasta el último segundo" con el resto de comunidades afectadas. Con Cataluña se ha resuelto al estilo andaluz: se considera que solo una parte de las plazas (340) son para cubrir jubilaciones, con lo que se cumple la tasa de reposición del 30% impuesta por el Estado. El resto son para consolidar interinos. Cataluña planteó ampliar este segundo cupo al tener más interinos de las plazas convocadas pero la Generalitat reconoció ayer que el Estado le impone "no sacar más plazas o nos lo tumbarían todo".
Junto a Andalucía y Cataluña, el Gobierno también llegó a un acuerdo con Baleares, donde tampoco llegó a recurrir las oposiciones. Quedan por resolver los casos recurridos de Navarra y Castilla y León y los de Extremadura y Aragón, que el Estado también amenazó con recurrir aunque no llegó a cumplir la amenaza.
Esta diversidad ha llevado al PP a pedir la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, para que explique por qué "ha decidido recurrir" las ofertas de en varias comunidades "en las que no gobierna el PSOE" y, en cambio, no lo ha hecho en otras gobernadas por los socialistas. Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, negó que haya habido trato de favor con la comunidad y destacó que la fórmula aplicada en Andalucía resulta "pionera" pero es "perfectamente aplicable al resto" de territorios.
