Las recomendaciones finales del Pacto de Toledo reclaman que la Seguridad Social asuma sólo los gastos correspondientes al "estricto" mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, por lo que ha considerado que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros en aras de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Así lo ponen de manifiesto los portavoces en el documento aprobado anoche, al que ha tenido acceso Europa Press, que, de esta forma, deja en manos del Gobierno la decisión de si se asumen o no las desviaciones por IPC, tras ponerlo en conocimiento de la Comisión del Pacto de Toledo y justificarla con las oportunas proyecciones macroeconómicas.
Por otra parte, se considera "conveniente" estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.
También reclama una única fórmula para la determinación de la base reguladora que se utiliza al calcular cada una de las prestaciones del sistema, que utilice "mecanismos homogéneos" para configurar la media de las bases de cotización que la conforman que se pondrán en marcha "de manera gradual".
El documento de las recomendaciones insta además al Gobierno a asumir la financiación de los complementos a mínimos de las pensiones, tarea que aconsejan abordar de manera "prioritaria".
Los grupos parlamentarios abogan por completar de esta forma la separación de fuentes del sistema, al tiempo que recomiendan que sea el Estado el que financie también los complementos a mínimos de naturaleza no contributiva.
Además, la Comisión incide en que el cálculo de las cotizaciones sociales debe ir encaminado a garantizar la cobertura de las prestaciones contributivas y cualquier modificación de los tipos de cotización deberá salvaguardar la sostenibilidad del sistema.
ACERCAR EDAD REAL DEL RETIRO A LA LEGAL.
El documento final aconseja elevar la edad real de jubilación para ajustarla a la legal (65 años), dificultar las prejubilaciones e incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral por encima de los 65 años. No obstante, constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de jubilación.
Asimismo, abunda en la 'censura' a la congelación de las pensiones, exigiendo al Gobierno que no vuelva a probar una medida similar "sin la consulta y el debate previo" con el Pacto de Toledo, una redacción introducida por el propio PSOE.
También reclama que se cambie la situación que ha llevado a que la jubilación anticipada se haya convertido, básicamente, en una fórmula de regulación del empleo, ante lo que reclama que la jubilación anticipada se reserve a aquellos trabajadores que cuenten "con largas carreras de cotización" y se acojan "voluntariamente" a esta posibilidad.
PREJUBILACIONES "EXCESIVAS".
La Comisión aprecia que las once fórmulas de acceso a la pensión de jubilación existentes actualmente son "excesivas", por lo que considera conveniente su reconsideración e incluso la supresión de aquellas que sean incompatibles con el contenido de la propuesta del Pacto.
Sobre los incentivos a la contratación, avisa de que las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales, pese a considerarlas un "instrumento útil", la experiencia ha demostrado que "una política de incentivos generalizados" puede hacer perder "parte de su eficacia" sobre la generación de nuevo empleo o el mantenimiento del mismo.
Por este motivo, aboga por que el sistema de bonificaciones se concentre en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma especial. Asimismo, reclama que se desarrolle el compromiso de bonificar las cotizaciones de los trabajadores ya contratados "que tengan 55 o más años de edad", para incentivar el mantenimiento de su empleo.
