En su ámbito respectivo, tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía reconocen al municipio como elemento básico de la organización territorial del Estado, junto a otras instancias superiores como la Provincia y la Comunidad Autónoma. Y después en una serie de preceptos, con expresiones similares, reconocen los principios en que deben inspirarse las relaciones entre esas Administraciones. Todos esos artículos referidos a la Administración local recogen una experiencia histórica y política que debe servir no solo para su concreción en principios políticos-jurídicos, sino para inspirar una actuación en beneficio de los ciudadanos, cuyos problemas y necesidades debe conocer mejor así como las soluciones a aportar por la mera circunstancia de la proximidad y cotidianidad.
Desde la llegada de la democracia, hay un consenso generalizado, al menos a nivel de debate político, sobre la necesidad de dotar de autonomía, competencias y medios económicos a los municipios para el cumplimiento de sus fines. Pero, cuando se trata de hacer realidad ese consenso, ya empiezan a surgir discrepancias y enfrentamientos que, si bien enriquecen el debate político, deben concluir algún día con un sistema aceptado por todos y en el que el municipio aparezca consolidado como una instancia de poder político y administrativo, con competencias y medios económicos para hacerlas realidad en su propio ámbito.
En Andalucía y al iniciarse una nueva legislatura, aparecen signos significativos y esperanzadores que deberían desembocar en un gran Pacto Local, concretado en iniciativas de distinta naturaleza. Porque junto a la Ley de Régimen Local, exigida por el propio Estatuto, es necesario plantear con seriedad y rigor la financiación de los Ayuntamientos por un principio elemental de responsabilidad y eficacia; de nada vale tener competencias si estas no van acompañadas de los medios económicos suficientes para su aplicación. De ahí la necesidad de un acuerdo de los tres partidos con representación parlamentaria y la voluntad política de lograr ese gran pacto no debe verse impedida ni siquiera dificultada por aspiraciones partidarias o por imponer un determinado sistema electoral.
El núcleo del debate y del acuerdo debe ser el sistema de financiación. Es notorio que hasta ahora la mayoría de los municipios ha utilizado un sistema para allegar fondos que está totalmente superado y periclitado. La utilización del urbanismo, a veces de forma incontrolada, como la mayor fuente de ingresos locales, es imposible de mantener en la actualidad y no sólo por el control de la legalidad y la planificación, sino por la propia crisis inmobiliaria, cuya intensidad y gravedad va a repercutir negativamente en las haciendas locales. De no buscarse alternativas, algunos municipios van a tener serias dificultades financieras, incluso para desarrollar una gestión ordinaria.
Ante la gravedad de la situación deben implicarse todas las Administraciones y no caer en el conformismo de expedientes transitorios, sino buscar soluciones serias y rigurosas a ese grave problema, todavía no resuelto, de la financiación municipal.
Antonio Ojeda Escobar es notario
