Economía

El pacto pesquero con Marruecos se anula y el agrícola corre igual suerte

La Eurocámara, que debe votar en febrero el tratado agrario, se escuda en los derechos del Sáhara para rechazar el de pesca.

el 14 dic 2011 / 11:43 h.

El mismo argumento al que ayer recurrió la Eurocámara para bloquear la prórroga del pacto pesquero con Marruecos, la inclusión del territorio y las aguas del Sáhara Occidental, podría servir también para vetar el tratado agrícola negociado entre la Comisión Europea y Rabat y que tanto han criticado los agricultores españoles por suponer, según sostienen, un sustancial crecimiento de las exportaciones de ese país hacia los mercados comunitarios. Pero ese argumento tiene un doble filo, ya que a unos les perjudica mientras que a otros les beneficia.

En efecto, la flota española -la más abundante es la andaluza- que faena actualmente en los caladeros marroquíes tendrá que regresar a puerto y se quedará, por tanto, sin actividad. El campo, en especial el sector de frutas y hortalizas, no quiere el nuevo acuerdo negociado con Bruselas y sobre el que el Parlamento Europeo todavía debe pronunciarse.

Y ha de hacerlo teniendo en cuenta las denuncias de varias organizaciones agrarias, entre ellas COAG de Andalucía, de que esa incorporación del Sáhara violaría el derecho internacional, puesto que no se ha clarificado aún el estatus de este territorio ocupado por el país norteafricano, amén de existir serias dudas respecto al cumplimiento estricto de los derechos humanos sobre su población.

Pero un matiz. El agricultor, al igual que el pescador, al final saldrá también perjudicado, a juicio de COAG, porque Marruecos, con la connivencia de varios Estados europeos, seguirá incumpliendo los contingentes (o topes) de exportación libres o con reducidos aranceles. Es lo que ocurre con los tomates, un caso denunciado reiteradamente no sólo por las asociaciones agrarias, sino también por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y por el Ministerio del ramo.

En concreto, la Eurocámara no apoyó una prórroga del protocolo de pesca que, de facto, está en vigor desde el pasado Día de Andalucía y que duraría un año, esto es, hasta el próximo día 27 de febrero. Durante ese periodo, Bruselas y Rabat deberían cerrar un nuevo acuerdo de pesca. La prórroga se aplicó de manera inmediata para evitar la interrupción de la labor pesquera, aunque a sabiendas de que los eurodiputados podrían finalmente negarse, y así lo hicieron ayer.

Por un lado, dudas sobre el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Por otro, cuestiones medioambientales -la sobreexplotación de los recursos pesqueros de la zona-. Y, por último, la escasa rentabilidad económica. Son las tres claves de una negativa que ha tardado once largos meses en llegar.

Ese cuestionamiento partió incluso de representantes españoles. Ocho secundaron el no, aunque dos alegaron que "lo habían hecho por error". Los que votaron con el conocimiento de causa procedían de las filas de Los Verdes, IU y ERC. Como en ese asunto la Eurocámara tiene ya poder de codecisión, hoy mismo la Comisión Europea planteará al Consejo de Ministros de Pesca de la Unión la retirada inmediata de los buques que permanecen en los caladeros de Marruecos.

El actual acuerdo ofrece 36,10 millones de euros de las arcas comunitarias para pagar 119 licencias en aguas marroquíes, de ellas casi un centenar están asignadas a barcos de España, la mayoría de las comunidades autónomas andaluza y canaria. Desde Andalucía parten 44 buques, y cada uno lleva un promedio de 16 marineros, de ahí que unos 700 empleos estén en el aire.

LENTITUD. Este mandato de Bruselas cabría interpretarse además como un toque de atención a las autoridades de Rabat para que relajen sus objetivos para elaborar un nuevo acuerdo de pesca. Pero aquí hay que tener en cuenta dos circunstancias. La primera, la pretensión sempiterna de Marruecos de arrancar de la Unión Europea más exportaciones hortofrutícolas, en lo que se ha venido en llamar el cambalache de peces por tomates.

Y la segunda, que el Gobierno del país norteafricano nos tiene acostumbrados a dilatar las negociaciones, del tipo que sean, hasta la desesperación. Mientras tanto, la institución comunitaria deberá votar, en febrero posiblemente, si respalda o no el acuerdo agrícola. Sobre éste hay más intereses en juego, dado que, a cambio de más frutas y hortalizas, Marruecos abriría más sus puertas a otros productos continentales. El campo español como moneda de cambio.

ARMADORES
"El rechazo es una incongruencia"
El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Pedro Maza, vio ayer una "incongruencia" que, por un lado, el Parlamento Europeo haya votado en contra de la prórroga del protocolo, pero, por otro lado, apruebe una resolución con sus orientaciones de cara a nuevas negociaciones que vaya a emprender la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, para acordar un nuevo pacto con Marruecos. La preocupación inmediata, sostuvo el armador, es clarificar "la situación jurídica" del sector que faena en los caladeros del país norteafricano.

JUNTA DE ANDALUCÍA
"Ni siquiera conocen el Golfo de Cádiz"
La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, mostró ayer su "absoluto rechazo" ante la decisión de la Eurocñamara respecto a la prórroga y criticó que haya tardado "once meses" en tomar esta decisión. "Seguramente han tomado la decisión personas que ni siquiera conocen la realidad del Golfo de Cádiz, ni lo que hay en el convenio de pesca ni la afectación de la flota", subrayó. Aguilera exigió al Ministerio español del ramo que rechace ese veto.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
"Nuestro total apoyo a la flota española"
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino expresó ayer públicamente su respeto a la decisión del Parlamento Europeo pero matizó que no comparte el contenido de la misma y subrayó su "total apoyo y compromiso" con la flota española que faena en el caladero marroquí. El departamento de la ministra en funciones Rosa Aguilar dijo estar a la espera de la notificación de la Comisión Europea que establecerá los términos en los que se aplicará la resolución y, por tanto, el regreso de la flota.

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