Rafael Ruiz García, padre de Cristina Ruiz (que el lunes dimitió como integrante de la lista del PP a la Alcaldía de Córdoba), cobró como falso prejubilado gracias a la tramitación el exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, uno de los principales imputados en esta trama. Por esta circunstancia llegó a prestar declaración como imputado en Sevilla el pasado 22 de marzo, imputándosele un presunto delito de tráfico de influencias.
El origen del caso está en una carta que, el 27 de marzo de 2007, remitió Javier Guerrero (por entonces director general de Trabajo) a la aseguradora Personal Life autorizando el pago de diversas cantidades. La misiva concluye señalando que, “por otra parte, les ruego destinen 300.000 euros para suscribir pólizas” con tres personas, entre las que se encuentra Rafael Ruiz. Según la investigación interna realizada por la Consejería de Empleo, sería uno de los siete intrusos detectados (del total de 72 descubiertos) que cobrarían una prejubilación sin estar adscritos al ERE de ninguna empresa.
En total, a su nombre figuran un total de siete pólizas suscritas con Personal Life. En su declaración judicial, admitió que Javier Guerrero es “amigo suyo desde hace 14 años” y que lo llamó por teléfono “y le expuso su problema” cuando se le acabaron los dos años de paro tras quedarse en paro en 2005. Esto lo indicó en relación con una póliza de la aseguradora Fortia Vida, ya que en relación con las de Personal Life aseguró que “no tiene conocimiento alguno respecto a su inclusión como asegurado”, que “no es el titular de esa cuenta ni ha percibido cantidad alguna” en relación con las mismas. Este periódico intentó ayer sin éxito contactar tanto con Rafael Ruiz como con su hija Cristina para conocer su versión de estos hechos.
En su declaración, el padre de la ya excandidata del PP en la lista a la Alcaldía de Córdoba (en la que figuraba con el número 22) relata que quedó en la puerta de El Corte Inglés de Córdoba con el representante de una aseguradora, que fue el que le tramitó la documentación. Meses después, “una señorita que se identificó como la secretaria del señor Guerrero le comunicó por teléfono que se pasara por la Consejería de Empleo para firmar unas pólizas a su nombre”. Todas estas pólizas tienen como tomador a la propia Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta.
El dinero empezó a cobrarlo desde finales de 2008 en una cuenta bancaria, alegando en el momento de la declaración que desconocía las cantidades percibidas. Eso sí, el Consorcio de Seguros le comunicó que la compañía se había disuelto y que asumía las cantidades restantes, una liquidación que calcula en unos 58.000 euros.
Por su parte, Cristina Ruiz tramitó cuando era gerente de la Fundación Promi un ERE en el que, al final, se acabaron incorporando ocho falsos prejubilados y asimismo se han detectado nueve irregularidades más. La excandidata aseguró el lunes que cumplió todos los trámites legales y que “jamás” se hará “responsable del trabajo que se realizara desde la Junta”.
La inclusión de Rafael Ruiz como falso prejubilado se conoce después de que ayer este periódico publicara una carta en la que Cristina Ruiz le daba a Javier Guerrero “gracias por la ayuda que te ofreces a dar a mi padre”.
El PSOE no desaprovechó ayer la ocasión y su portavoz en el Parlamento, Mario Jiménez, exigió al PP-A que explique en qué se ha traducido, desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos de la Junta, la relación “fraudulenta” y tan “intensa y cercana” entre Cristina Ruiz y Javier Guerrero. De haber algún “beneficio”, considera que, “según la doctrina de Javier Arenas [presidente del PP-A], reflejaría que entre Guerrero y todo el PP hay una trama conformada para beneficiar a militantes populares”.