El padre del joven del Polígono Sur sevillano que falleció en una reyerta como consecuencia de una bala perdida, hecho que motivó que el clan que se enfrentó al de esta persona tuviera que abandonar la zona por miedo a represalias y malvivir durante meses en infraviviendas, ha expresado públicamente que se siente "amenazado" y "provocado" por el retorno de éstos a sus antiguas viviendas, hecho que ha motivado una denuncia judicial por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Fuentes vecinales indicaron a Europa Press que el padre expuso esta postura en el transcurso de una reunión convocada hoy por el Comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, en el centro cívico El Esqueleto a las 11,00 horas, con la pretensión de informar sobre la situación a diversas entidades vecinales y sociales de la zona.
En este sentido, el padre del menor, que hizo acto de presencia en la reunión acompañado de su mujer tras ser avisado del encuentro, cuestionó "cuándo van a sacar de allí a esa gente", toda vez que no existe ningún tipo de acuerdo entre ambos grupos y la familia del menor cuenta con el respaldo del sector asociado de vecinos del Polígono Sur.
Debido a las palabras del padre, que consideró una "provocación" la presencia de estas personas en el barrio, la reunión derivó en un debate público en el que, según las fuentes consultadas, se concluyó en un sentir vecinal común de desacuerdo con la presencia de los chabolistas.
La administración autonómica denunció en los juzgados la ocupación de viviendas de titularidad pública, de la misma forma que se fueron denunciando las ocupaciones puntuales que los chabolistas de Tablada hicieron al regresar a Las Tres Mil Viviendas, una vez que el pasado mes de marzo huyeran de la barriada como consecuencia de la muerte de este joven de etnia gitana, propiciada por el impacto de una bala perdida.
La Junta aún está trabajando en la regularización de las viviendas, revisando de este modo la documentación presentada por los chabolistas para esclarecer su régimen de ocupación, que evidenciará si legalmente les corresponde quedarse en las viviendas o no y, de esta manera, ponerlo en conocimiento del juez para que él mismo decida si hay que desahuciarles de la vivienda.
