La agilización de los trámites para crear y mantener un negocio es una de las demandas más recurrentes entre los empresarios, que se quejan de que los frenos burocráticos paralizan en muchas ocasiones la actividad.
De hecho, según un informe de la Escuela Andaluza de Economía (EAE) , las empresas andaluzas se gastan cada año alrededor de 4.000 euros en solventar el papeleo -sin contar los impuestos-, algo que puede ser insignificante para una compañía mediana o grande pero no para el perfil más común en la región, una firma compuesta por menos de cinco trabajadores, como destacó el director de IMC, Joaquín Agreda, encargado de realizar el estudio.
En cualquier caso, resulta llamativo que, de las firmas andaluzas encuestadas, el 60% no sabe calcular el coste económico que supone para su empresa la burocracia institucional. Así, las que estiman unas cantidades más elevadas son las que superan los 10 años de antigüedad, tienen plantillas superiores a 10 empleados y pertenecen al sector servicios o al del ladrillo. Mientras tanto, los autónomos son los que estiman las cantidades más bajas.
Además, el informe recoge que el retraso de las Administraciones a la hora de pagar los contratos a las empresas suele llegar a los ocho meses de media, mientras que el abono de subvenciones o ayudas tarda alrededor de los 14 meses desde que es solicitada. "Nadie arranca un negocio contando de inicio con la subvención por el tiempo que tarda su abono", destacó ayer el director de la Escuela Andaluza de Economía, Manuel Ángel Martín. La devolución de impuestos se demora unos 6 meses.
Sin embargo, acortar el plazo de cobro de estas ayudas no están entre las medidas consideradas más beneficiosas para el empresariado andaluz, ya que "se supone que la Administración va a pagar siempre, aunque hay veces que los retrasos no se aguantan porque es excesivo y porque a ello se suma que no hay acceso a la financiación". En cambio, se ve más rentable la reducción de los trámites y su complejidad y del número o cuantía los pagos a la Administración en concepto de tasas -sin contar los impuestos-.
El informe refleja también que la normativa de tasas municipales es la que requiere un cambio más urgente, según los encuestados, para facilitar el crecimiento de su negocio (el 19%), seguida de cerca por la referida a las obligaciones contables impuestas por la Administración. En ambos casos esta respuesta se da con más frecuencia en los negocios más pequeños.
En el proceso de creación de la empresa, los encuestados destacan como principales trabas el coste económico de la licencia de apertura y otras tasas necesarias para arrancar la actividad y la duración de la tramitación hasta la obtención de la autorización.
Por último, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía empatan como las Administraciones peor consideradas en cuanto a su funcionamiento a la hora de solventar cuestiones burocráticas.
Internet. La administración electrónica es la herramienta mejor valorada por los encuestados en lo que respecta a los servicios administrativos obligatorios que más han facilitado su actividad empresarial. De este modo, el 87% de los que la utilizan -más de la mitad de los participantes en el informe publicado por la EAE- la califican positivamente, mientras que otras, como la selección de trabajadores a través del SAE o las ventanillas únicas, están peor consideradas.
De hecho, en este último caso, el 45% estima que ha dificultado su actividad en lugar de facilitarla, un porcentaje calculado en base a las empresas que lo usan, una de cada cuatro en la comunidad. "Muchos no se acercan a ella por la decepción que provoca", señaló Martín, quien añadió que este fracaso se debe "al gran número de competencias y normas, que hacen que al final dé igual que haya ventanilla única o no".
Así, explicó que de las respuestas del estudio se deduce la necesidad de reducir la normativa, garantizar la seguridad jurídica, buscar mecanismos de comprobación una vez puesta en marcha la empresa y agilizar la administración electrónica.
