Ya anunció que habría novedades en materia económica el presidente del Gobierno durante su comparecencia del jueves en el Congreso. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió ayer que se equiparen los fondos de formación que se destinan a parados y ocupados, una circunstancia que no sucede actualmente, ya que la proporción es de 60% a 40% a favor de los ocupados. Así se expresó tras reunirse con los consejeros de las comunidades para analizar la reforma de las políticas activas de empleo, en el mismo día en el que el Gobierno anunció la aprobación de 26 leyes prioritarias entre diciembre de 2010 y junio del próximo año, entre las que destacan la reforma la de las pensiones.
El ministro destacó que el reparto actual de los fondos se estableció cuando la tasa de paro estaba en el 8%, mientras que ahora, en torno al 20%, la situación es otra, por lo que consideró conveniente equilibrar esta distribución y que se repartan a partes iguales los 2.100 millones previstos para este fondo.
Para ello, Gómez consideró imprescindible que participen en el diseño de esa reforma las comunidades autónomas, ya que serán las encargadas de su aplicación.
Asimismo, informó del "ambicioso" calendario de reuniones que habrá en las próximas fechas y que continuarán el día 25 con un encuentro entre los directores de los servicios públicos de empleo autonómicos con el director general a nivel estatal, Antonio Toro, y la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, y con otra reunión el día 29 con los interlocutores sociales.
El ministro señaló que se intentará que no haya mucha diferencia entre lo que recibirá cada comunidad autónoma, ya que una cosa es preservar la unidad de mercado, "que se hace teniendo la misma regulación laboral", y otra aplicar las mismas políticas para realidades distintas. Gómez defendió que la política de reparto de los fondos a las comunidades autónomas goce de cierta flexibilidad, ya que las que tengan más desempleados recibirán más dinero, como así ocurrirá con las que tengan más ocupados.
También pidió que el colectivo de los ocupados mantenga el esquema de formación en sus empresas, pero también destacó la prioridad para que las comunidades autónomas puedan formar mejor a los parados.
Gómez señaló que España tiene un buen sistema de protección de desempleo, pero añadió que también necesita un proyecto serio, en profundidad, para ayudar a los parados a salir de esa situación.
Las comunidades también mostraron su acuerdo con el Gobierno en la necesidad de reformar las políticas activas de empleo. Así, la consejera de Empleo y Mujer de Madrid, Paloma Adrados, consideró "fundamental" esa reforma, aunque señaló que el calendario propuesto por Trabajo está "muy apretado" teniendo en cuenta que el ministro quiere tener lista la reforma en enero. Por su lado, el consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, se mostró a favor de los objetivos y de los tiempos marcados para ordenar la reforma de las políticas activas de empleo.
En lo que se refiere a la reforma de las pensiones, dijo que "ya es el momento de concluir" el debate en el Pacto de Toledo para pasar a discutirlo con los agentes sociales, momento en el que, añadió, se empezarán a perfilar medidas concretas.
Así, alentó a "culminar" la discusión con el mayor grado de consenso posible para luego mantener reuniones con los agentes sociales y poder remitir un proyecto de ley, "como se ha hecho siempre", que logre el acuerdo, "si es posible", de todo el arco parlamentario. "Siempre ha habido un proyecto de ley y así es como va a ser también", recalcó para despejar cualquier duda sobre un posible decretazo.
