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El Parlamento abrirá en julio y agosto para investigar los ERE

el 22 jun 2012 / 19:00 h.

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Unos tres meses durará la comisión en el Parlamento que investigará el escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos financiados con dinero público. El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), consideró ayer "razonable" este plazo y avanzó que la Cámara andaluza habilitará el mes de julio y "gran parte" de agosto para ello, aunque los detalles temporales, igual que la lista de comparecientes, se tratará en las primeras reuniones. El PP criticó las "prisas" del Gobierno de coalición por cerrar lo antes posible la comisión. A su juicio, PSOE e IU quieren celebrar las sesiones en julio y agosto "a ver si están todos los andaluces de vacaciones y no pendientes de lo que pasa realmente en Andalucía".

El hecho de que la comisión vaya a desarrollarse en julio y agosto es para el vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, la prueba de que "unos van por obligación", en referencia al PSOE, y otros "para lavar su conciencia ante sus electores", por IU. Desde la federación de izquierdas, García aseguró que su formación va "con las manos limpias y los ojos y oídos bien abiertos". El coordinador general de IU, Cayo Lara, pidió que se investigue "todo y a todos" para que "quien lo haya hecho, que lo pague". La primera reunión de la comisión será el próximo martes. El presidente de la comisión consideró "un buen paso" y un "buen comienzo" que se "haya despejado la incógnita" de la comparecencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "porque quitará mucha tensión". En septiembre podría estar ya el dictamen final, aunque García concibe la comisión "como algo vivo y abierto" y dejó claro que si aparece "algún elemento de importancia", se analizará. Aún así, subrayó que tampoco quieren que se prolongue "ad eternum".

ZARRÍAS SE DEFIENDE

Por su parte, el que fuera consejero de la Presidencia de la Junta y actual secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, afirmó ayer que no conoce al exabogado de José María Ruiz Mateos ni la relación que pudiera tener con Juan Lanzas -exsindicalista imputado como "conseguidor de las subvenciones" en el caso de los ERE fraudulentos-, que "era el representante de los trabajadores de Primayor". El letrado de Ruiz Mateos, Joaquín Yvancos, declaró a la Guardia Civil que Lanzas cobraba 600.000 euros por cada ERE en dinero b.

Zarrías, en una rueda de prensa en Jaén, dijo a los periodistas que no pretende "escabullirse", pero explicó que al abogado de Ruiz Mateos no "le pone cara" y que no sabe si alguien se lo presentó alguna vez. Eso sí, el exconsejero aseguró siempre hizo todo lo que estuvo en su mano "y un poco más" para que las familias de los exempleados de Primayor pudieran encontrar un trabajo. "Si había que hablar con el diablo, se hablaba con el diablo", reconoció. Sobre la posibilidad de comparecer en la comisión, Zarrías dijo estar a la "entera disposición" del Parlamento.

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