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El Parlamento andaluz aprueba, con los votos de PSOE, la reordenación del sector público, que rechaza PP e IU se abstiene

el 16 feb 2011 / 17:41 h.

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El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con  los únicos votos del PSOE, la Ley de reordenación del sector público  andaluz, que ha contado con el voto en contra del PP-A y la  abstención de IULV-CA.  

Durante el debate final de la ley, el PP-A ha vuelto a defender  las 42 enmiendas que planteó en su día, mientras que IULV-CA, a quien  PSOE le aceptó 13 durante el trámite de comisión, también ha  defendido sus 72 restantes. El grupo socialista no ha aceptado  ninguna de ellas ante el Pleno.     

En la exposición de motivos de la norma, compuesta por 36  artículos y varias disposiciones, se pone de manifiesto que el  objetivo es mejorar la gestión y la calidad en la prestación de los  distintos servicios públicos, mientras que se garantiza la  salvaguarda de los derechos de los empleados públicos, reforzando la  voluntariedad del proceso de integración.  

Asimismo, queda garantizada la aplicación del Acuerdo de  Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario y la aplicación del  convenio colectivo de la administración de la Junta al personal  laboral de la misma hasta que, en su caso, exista un nuevo convenio.  Además, se indica que se mantiene la condición de personal  funcionario o laboral, con independencia de su integración en alguna  de las nuevas agencias.  

También se indica que queda reforzada la garantía de los  principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso  a la condición de personal funcionario o laboral de la administración  general de la Junta. La racionalización del sector público pasa por  la supresión de 111 entes instrumentales dependientes de la  comunidad, lo que supondrá un ahorro económico estimado de 118  millones en el periodo 2010-2013.   

El debate de la ley se produjo mientras unos 300 funcionarios y  empleados públicos protestaban en la puerta del Parlamento andaluz en  contra de la nueva norma.  

Al término del debate, la consejera de Hacienda y Administración  Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha subido a la tribuna de oradores  para agradecer a todos los grupos políticos "el intenso trabajo" que  han realizado durante la tramitación de la ley, singularmente, al  grupo socialista por su dedicación y por no haber "cejado en el  empeño de conseguir el máximo consenso". Ha destacado además el papel  de los agentes sociales durante la tramitación parlamentaria, con una  participación inestimable, y teniendo la oportunidad de hacer  aportaciones a la ley.

A partir de ahora, según ha expresado, Andalucía va a contar con  un sector público más ágil, eficaz y eficiente que optimice al máximo  los recursos. Se ha mostrado segura de que en ellos nos vamos a  encontrar seguro ciudadanos, administración y empleados públicos,  superando las "dificultades" en que se ha desarrollado este debate.  Ha terminado dando las gracias a todos los empleados públicos, grupos  políticos y organizaciones sociales que han contribuido a hacer una  "ley mejor".

POSICION DE LOS GRUPOS

El parlamentario del PSOE-A José Caballos ha defendido la  legitimación del Gobierno y el Parlamento para aprobar esta norma,  cumpliendo con un mandato del Estatuto de Autonomía, en beneficio del  interés general de los ciudadanos, que debe estar por encima de  intereses personales, gremiales o sindicales por legítimos que puedan  ser. Ha puesto de manifiesto la posición "constructiva, inteligente y  responsable" que han mantenido UGT y CC.OO en este debate, haciendo  propuestas concretas para negociar y llegar a acuerdos y garantizar  los derechos laborales de todos los trabajadores públicos. También ha  puesto de manifiesto "la responsabilidad" de IU y ha lamentado la  posición de sindicatos gremiales, que han estado en la  "descalificación global", desaprovechando la oportunidad que el  Parlamento les ha dado.  


Según ha agregado, las 32 enmiendas del PSOE que han quedado  incorporadas a la ley han perseguido "desmentir, negro sobre blanco,  muchas falsedades, malas interpretaciones y juicios de intención" que  el PP ha querido lanzar, tratando de hacer decir a la ley lo que no  dice, con el único objetivo de "llegar al poder y arañar votos". El  único objetivo de la ley, según ha recalcado, es conseguir un sector  público más eficaz, ágil y austero, y se trata de prestar los mismos  servicios al menor coste para el contribuyente. Después de ser  aprobada la norma, según ha dicho, la gente se podrá manifestar por  muchas cosas, pero no por privatización ni enchufismo ni por la  pérdida de derechos de los empleados públicos porque nada de eso  tiene cabida en esta norma.

José Caballos ha criticado la actitud que ha mantenido el PP en  este debate, reprochándole que la mayoría de sus enmiendas fueran de  supresión, lo que ha hecho imposible que fueran transaccionadas. Ha  pedido a los populares, a los que ha calificado de "hipócritas y  fariseos", que "basta ya de mentir" porque ningún trabajador de la  Junta será despedido por esta ley ni nadie perderá ni ganará  derechos. Asimismo, ha aconsejado al PP que incluya en el recurso que  ha anunciado contra esta norma ante el Tribunal Constitucional la Ley  sobre el sector público de Galicia, donde sí se "van a hacer  funcionarios sin hacer oposiciones".  

Por su parte, el parlamentario del PP-A Jorge Ramos Aznar, que ha  iniciado su intervención aludiendo al "follón" que el PSOE-A ha  montado con este asunto, ha expresado que la posición de su partido  pasa por el fortalecimiento del carácter público de la  administración; el reconocimiento del papel esencial del funcionario  en una administración más moderna, eficaz, eficiente y austera, y por  abordar la reforma del sector público con el más amplio consenso para  garantizar unos servicios públicos de calidad y contar con una  administración "neutra políticamente al servicio de los ciudadanos".  "Esto lo hará el gobierno del cambio contando con todos", ha  apuntando.  

A su juicio, el PSOE ha impuesto este "decretazo mediante el  ordeno y mando", al tiempo que le ha reprochado que no haya aceptado  ni una de las 42 enmiendas del grupo popular, algo propio de la  "prepotencia" con la que actúan los socialistas, que "no estaban  dispuestos a dialogar nada porque les importaba un bledo el diálogo y  el trámite parlamentario".  

Para Ramos Aznar, el PSOE ha "mentido, intentando salvar la  chapuza de decreto, cuando habla de garantizar los empleos públicos",  ya que ha habido ejemplos de despidos en empresas públicas, como  Inturjoven. También ha reprochado a los socialistas que hayan  intentado "demonizar" al PP diciendo que persigue despedir a  empleados públicos.

El diputado de IULV-CA Pedro Vaquero ha indicado que, pese a haber  negociado con el PSOE, no han logrado un acuerdo fundamental basado,  sobre todo, en el cambio del modelo, y que, por ello, su formación   no se puede sentir corresponsable de lo que salga del Parlamento. Ha  dicho que ofrecieron un modelo alternativo, "que entendíamos que era  lo mejor para resolver un problema jurídico" y evitar no ya que la  ley, sino que cualquier acto administrativo fuera susceptible de ir a  los tribunales, "que es lo que puede deteriorar los servicios  públicos".  

Ha recordado que IU planteaba el modelo de Ley de agencia estatal  de 2006, en el que se plantea un sólo modelo de agencia de carácter  administrativo, susceptible con la integración de todo el personal.  La nueva ley de reordenación del sector público andaluz, según ha  dicho, no es una norma cualquiera, "sino que se ha convertido en una  confrontación partidista por la hegemonía del Gobierno andaluz  futuro".  

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