La presidenta Susana Díaz posó ayer con los principales responsables de la Ley de Transparencia, ante las puertas del salón de plenos del Parlamento. / Raúl Caro
Dentro de un año, cuando la ley de Transparencia Pública de Andalucía entre en vigor, un ciudadano podrá dirigirse a la administración y pedir información sobre cualquier institución que gestione fondos públicos. Deberá de recibir respuesta en un plazo máximo de 20 días. Es uno de los aspectos más relevantes de la norma que ayer fue aprobada en el Parlamento andaluz con el respaldo unánime de los tres grupos políticos, PP, PSOE e IU. Es además la primera ley aprobada de las 28 comprometidas en el pacto de Gobierno firmado hace ya más de dos años por los dos partidos que están en la Junta. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, sostuvo que es una norma «valiente», la más importante que va a ver la luz esta legislatura y que se sitúa al nivel «de las democracias más avanzadas». El Gobierno aprueba esta ley como una medicina contra la desafección de los ciudadanos hacia la política. La transparencia, defienden, es la mejor arma para volver a recuperar el crédito ante los ciudadanos, aunque los expertos señalan que aún queda por ver si más allá de los grandes titulares hay voluntad real de revolucionar la administración y afianzar la idea de que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer cómo se gasta el dinero de sus impuestos.
Se prevén sanciones de 100 hasta 400.000 euros para quienes bloqueen la rendición de cuentas y cese e inhabilitación en el cargo por tres años. El de las sanciones es uno de los capítulos más novedosos. Todos estos datos deberán estar en Internet con publicación trimestral. Se trata de saber dónde va el dinero público. Su aplicación no será inminente. Entrará en vigor un año después de su publicación en el BOJA. En el caso de los ayuntamientos, que también están regulados en esta ley, la moratoria se amplía a dos años, después de las próximas elecciones municipales. Se incluye a Iglesia, hospitales y colegios concertados cuya financiación dependa por encima del 40% de fondos públicos. También deberán de informar aquellos organismos que disfruten de exenciones fiscales de la administración.
Un Consejo de Transparencia y Protección de Datos velará por la norma. Su director, «independiente», designado por la Cámara, será el único que cobrará. En la ley nacional este nombramiento se lo reserva el Gobierno. Éste es el único punto que no ha sido apoyado por el PP, que pedía que el nombramiento de este responsable de velar por la transparencia necesitara de la mayoría cualificada de la Cámara, lo que implicaría el acuerdo de los tres grupos parlamentarios. Sí ha logrado que este cargo no pueda prolongarse por más de cinco años, sin posibilidad de repetir en el mismo. El resto de miembros de este Consejo de Transparencia, hasta 14, representarán a colectivos sociales. Una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas resolverá dudas y sus resoluciones serán públicas.
Durante la tramitación de la ley se han incorporado un total de 42 enmiendas, solo cuatro del PP. El portavoz popular, Jaime Raynaud, ha sustituido al ponente del PP, Rafael Salas, ausente por motivos de salud y que ha recibido muestras de agradecimiento de toda la Cámara por su trabajo. Raynaud fue muy duro en el posicionamiento de su partido hacia la norma, descreído de que vaya a funcionar, aunque finalmente justificó el apoyo en que la andaluza es «un clon» de la norma estatal aprobada el pasado noviembre. En la ley nacional sí se regula lo que se llama el buen gobierno y el código de conducta de los altos cargos, con compromisos éticos sobre el desempeño de su trabajo. Éste era uno de los asuntos que separaba al PP del sí a la ley, aunque finalmente el compromiso del Gobierno andaluz de aprobar esta misma legislatura una norma específica sobre este asunto ha propiciado la unanimidad. El PP ha logrado que la ley recoja el compromiso efectivo de dotar de medios personales y materiales a la administración para que se pueda cumplir con el compromiso de responder a los ciudadanos en el plazo máximo de 20 días. El portavoz de IU, José Antonio Castro, acentuó la importancia de una ley que de haber existido antes habría evitado que casos como el de los ERE, que investiga una presunta trama corrupta con fondos de empleo, se haya prolongado durante diez años. «Habrían saltado las alarmas y la liebre», aseguró. Desde el PSOE, Verónica Pérez, celebró que la ley es «la llave para abrir muchas de esas puertas y ventanas que hasta ahora permanecían cerradas para la ciudadanía».
