La Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz ha aprobado este martes el dictamen del grupo de trabajo sobre transparencia y calidad democrática en el que se solicita impulsar una modificación normativa que establezca la incompatibilidad entre el cargo de diputado autonómico y el de alcalde o presidente de diputación provincial . Esta medida ha contado con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA, mientras que el PP-A, formación que cuenta en este momento con varios alcaldes en los escaños de la Cámara, la ha rechazado.
Este dictamen recoge un total de 28 medidas (las 15 que el PSOE puso sobre la mesa en el grupo de trabajo, más 11 de IULV-CA y 2 del grupo popular). El PP-A ha apoyado todas las medidas, salvo la referida a la incompatibilidad de cargos, mientras que Izquierda Unida se ha abstenido en una y el resto las ha respaldado. El dictamen se someterá a votación definitiva en el Pleno del Parlamento extraordinario que se celebrará el jueves. A partir de su aprobación definitiva, será el momento de abordar las modificaciones normativas o del Reglamento de la Cámara que se sean oportunas para que las medidas se puedan aplicar.
PP-A e IULV-CA han planteado sendos votos particulares al informe, en los que recogen el conjunto de sus respectivas propuestas que el PSOE-A no apoyó durante la votación en el grupo de trabajo celebrado la pasada semana. Estos votos particulares han sido rechazados por el grupo socialista, con lo que PP-A e IU-CA los volverán a defender ante el Pleno de la Cámara.
En el dictamen se recogen medidas, fruto de las propuestas que hizo el PSOE-A, como la obligación de los diputados autonómicos y altos cargos de la Junta de hacer públicas sus retribuciones del IRPF desde el inicio de la presente Legislatura o desde la fecha de su incorporación en el transcurso de la misma.
Asimismo, se plantea impulsar una modificación de la Ley por la que se regula el estatuto de los expresidentes de la Junta para suprimir la asignación prevista en el artículo 2 de la misma y que les pudiera corresponder; impulsar una reforma normativa para limitar las retribuciones de los parlamentarios andaluces, de tal forma que únicamente podrán percibir un salario público o privado, o impulsar la modificación del Reglamento del Parlamento y de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta para concretar, respectivamente, los deberes de los diputados y altos cargos en materia de declaración de actividades, bienes e intereses, ampliando al núcleo familiar, definido conforme a la normativa fiscal, su relación en materia de contratación con todas las Administraciones y entes participados.
Asimismo, se contempla la habilitación del escaño denominado "110" y que se rebajen a 40.000 las firmas necesarias para la presentación en la Cámara de una iniciativa legislativa popular. En el caso de los ayuntamientos, se pasaría de 35 a 25 los que podrían presentar una iniciativa en la Cámara.
Otras medidas incluidas en el dictamen que responden a propuestas del PSOE consisten en optimizar el uso de vehículos oficiales con el objetivo de conseguir mejores niveles de austeridad y sostenibilidad; posibilitar la retransmisión de las sesiones de control al presidente que se celebren en sede parlamentaria, a través de la RTVA; fortalecer, a través de un compromiso de los grupos parlamentarios, las competencias de la Mesa de antitransfuguismo de Andalucía, e impulsar una modificación del Reglamento del Parlamento para facilitar aquella actividad parlamentaria que resulte necesaria durante el mes de julio, así como activar posibles mecanismos de sanción por la ausencia de los diputados a su actividad parlamentaria.
TENSO DEBATE SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD
El parlamentario del PSOE-A Miguel Angel Vázquez ha querido dejar claro que el grupo de trabajo "ha cumplido" y que de él ha surgido un amplio acuerdo que supone un paso más en transparencia, austeridad y participación de la ciudadanía. Se trata, según ha señalado, de 28 medidas que suponen mejorar en la calidad de nuestra democracia, al tiempo que se ha dado "respuesta ágil y oportuna" a las exigencias de la ciudadanía.
Para Vázquez, que ha recordado que desde el año 2001 el grupo socialista no tiene alcaldes en el Parlamento andaluz, la calidad democrática también supone evitar la acumulación de cargos, que es algo que exige la ciudadanía porque quiere cargos públicos dedicados en exclusiva y no a tiempo parcial. Ha puesto de manifiesto que el PP sí tiene establecida la incompatibilidad entre diputado autonómico y alcalde en otras comunidades, como Galicia. A su juicio, la reacción del PP-A ante esta medida ha sido "exagerada e histriónica" y ha recordado los anuncios de Javier Arenas en 2004 y 2008 sobre "una persona, un cargo".
Según Vázquez, los alcaldes de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y de Huelva, Pedro Rodríguez, no asisten a las comisiones del Parlamento de las que forman parte, mientras que la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, no ha acudido a ninguna reunión de la Mesa de la Cámara, donde ostenta la vicepresidencia segunda, desde que tomó posesión como regidora de la ciudad. "Queremos combatir el fraude y evitar que se cobre por un cargo sin ejercerlo", ha apuntando. Ha confiado en que en esta legislatura se pueda dar luz verde de manera definitiva a varias de las medidas sobre transparencia y calidad democrática, mientras que se ha mostrado de acuerdo con que en la próxima legislatura se aborde una reforma de la Ley Electoral de Andalucía.
Por su parte, el parlamentario del PP-A Jorge Ramos Aznar ha manifestado que las conclusiones del grupo de trabajo constituyen "un fraude político de grandes características" y suponen salir del paso intentando "engañar a una sociedad que demanda una actitud más transparente y austera". Ha denunciado la "aberración" y la "degeneración democrática a la que el PSOE ha sometido a Andalucía" con su propuesta sobre la incompatibilidad entre los cargos de diputado y de alcalde o presidente de diputación. "Las elecciones se tienen que ganar en las urnas y no haciendo purgas políticas eliminando a los alcaldes", ha indicado.
A su entender, cabe preguntarse por qué esa incompatibilidad ahora y no antes. Se ha mostrado seguro de que detrás de la propuesta no hay un interés general, "sino sectario y partidista, ajeno a los ciudadanos y que constituye un golpe de estado en toda regla a los resultados electorales del 22 de mayo" y que supusieron la primera derrota de los socialistas en esta comunidad. "Es una incompatibilidad a medida de los intereses del PSOE", según ha apuntando Ramos Aznar, quien ha criticado que IU vaya de "muletilla" con los socialistas en este "atropello", que "jurídicamente es muy dudoso". Ha reclamado un informe jurídico de oficio de carácter vinculante sobre las legalidad de las medidas que se van a adoptar.
El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, ha defendido un voto particular al dictamen con un conjunto de medidas porque considera que las propuestas que el PSOE puso sobre la mesa en el grupo de trabajo y que fueron todas aprobadas resultan "insuficientes". Así, ha planteado la necesidad de que se sepa cómo le llegan los recursos públicos a los partidos y quiénes les dan donaciones y, sobre el asunto de la incompatibilidad entre diputado y alcalde, ha recordado que Izquierda Unida la tiene incluida en sus estatutos internos y ha criticado que el PP se esté tomando este asunto más como una "posición electoral que como de prestigio de la vida pública".
Valderas también ha demandado una reforma a fondo de la Ley Electoral de Andalucía, ampliar los periodos de trabajo en el Parlamento y que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) tenga la posibilidad de plantear iniciativas legislativas populares en la Cámara.
