Andalucía es, desde ayer, la primera comunidad autónoma con una ley que faculta al médico para "limitar el esfuerzo terapéutico cuando la situación clínica lo aconseje". El Parlamento autonómico aprobó la llamada Ley de Muerte Digna con el apoyo total de PSOE e IU y parcial del PP: los populares votaron a favor de toda la norma salvo tres artículos; dos de ellos (18 y 21) evitan la objeción de conciencia y un tercero (27) regula los comités de ética, dos de los puntos con los que el PP mostró en la sesión de ayer su disconformidad.
El recuerdo de Inmaculada Echevarría planeó sobre la Cámara. Esta paciente, de 51 años, falleció en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada el 14 de marzo de 2007 tras ser desconectada de la ventilación mecánica que la mantenía con vida. Sufría una enfermedad degenerativa e irreversible.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, aseguró que "la memoria de Inmaculada Echevarría ha estado presente durante todo el debate de esta ley", que agradeció que haya transitado con "mesura y equilibrio" por parte de todos los grupos políticos. "Esta iniciativa -añadió la consejera- es de un profundo calado social y con esta ley Andalucía se sitúa como referente legislativo en España y fuera del país".
Montero aseguró que la Ley de Muerte Digna "permitirá conquistar nuevas cotas de libertad en un espacio tan controvertido como el final de la vida. Es una norma -indicó al PP- profundamente respetuosa con las creencias personales".
Éste fue, precisamente, uno de los aspectos más criticados por la portavoz del PP, Ana María Corredera, quien cargó duramente contra el PSOE: "Estamos muy decepcionados por su falta de diálogo, porque ha sido inflexible desde el principio", censuró.
Corredera no vio de recibo que la norma omita la objeción de conciencia y como argumento esgrimió que "el médico debe tener la opción de retirarse en ese proceso [de limitar el esfuerzo terapéutico]. Con decisiones como ésta, se pierde el respeto a la objeción de conciencia", recriminó.
La popular, para despejar dudas sobre la postura de su partido, aseguró que "el PP comparte plenamente la filosofía de la ley. ¿Acaso no queremos todos morir lo más dignamente posible?", se preguntó.
Sin embargo, Corredera echó de menos también que la ley "no detalle un plazo en el que el sistema sanitario se comprometa a adaptarse en cuanto a la creación de unidades de cuidados paliativos y atención domiciliaria, no incluye dotación presupuestaria y no defina quién va a conformar los comités de ética. No estamos de acuerdo con esos puntos, sí con el resto del texto, por eso vamos a votar -adelantó- a favor de la norma pero en contra de estos aspectos si no se aceptan nuestras enmiendas".
Y la Cámara no las aceptó: 55 votos en contra, 46 a favor y seis abstenciones.
En sus intervenciones, tanto Montero como la portavoz socialista Rosa Ríos se centraron en la objeción e incluso Ríos se avino a defender los recursos del sistema sanitario andaluz para atender a estos pacientes con un dato que a nadie asustó: "El 75% de las habitaciones para pacientes en cuidados paliativos son individuales".
Más contundente estuvo Ríos en cuanto a la objeción: "Tiene que regularse con una ley estatal. Además -aclaró al PP-, en esta ley no ha lugar la objeción porque se trata de garantizar un derecho del paciente".
La portavoz socialista recordó también que "la norma no permite ni el suicidio asistido ni la eutanasia, que están considerados delitos por el Código Civil y así va a seguir siendo".
Estos extremos, sin embargo, fueron tocados por el portavoz de IU en su alocución. José Manual Mariscal Cifuentes hizo un llamamiento al Gobierno español "para aprobar también la eutanasia y el suicidio asistido" y recordó a la Junta que no está todo hecho puesto que la "Ley obliga a realizar en el plazo de un año un estudio para ver cómo mueren los andaluces".
