Con múltiples matices, IU y PP finalmente apoyaron ayer la iniciativa legislativa presentada por el PSOE para reclamar al Estado la delegación de competencias sobre el Guadalquivir a la comunidad, una iniciativa que no llegará a las Cortes hasta diciembre y que por tanto decidirá el Gobierno que salga el 20-N.
El Parlamento andaluz celebró un pleno extraordinario para debatir esta propuesta socialista que el presidente Griñán anunció al volver de vacaciones y que el PSOE ha querido convertir en una prueba de andalucismo para todos los grupos. Los socialistas lograron arrancar el voto de la oposición que, eso sí, puso sus peros por el momento elegido y aprovechó para cuestionar la gestión del agua de la Junta durante el año que ha tenido las competencias transferidas.
El PSOE-A había planteado esta iniciativa, que salió por unanimidad -con 102 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones-, como una prueba de fuego para que el PP se retratase y ratificase el consenso alcanzado sobre el Estatuto, cuyo artículo 51 -que concede a Andalucía las competencias exclusivas sobre la cuenca- fue anulado en marzo por el Tribunal Constitucional (TC) en respuesta a un recurso del anterior Gobierno extremeño, del PSOE. Griñán anunció que, más allá de la fórmula que pactará con el Gobierno para cumplir el fallo -y que se cerrará en la Comisión Bilateral del viernes ya que la encomienda de gestión provisional expira el 6 de octubre- la Junta no renuncia al "máximo nivel de competencias" sobre "el río andaluz".
Los socialistas buscan también forzar el compromiso del PP nacional, un compromiso que el PSOE recriminó a los populares andaluces no haber logrado. Mariano Rajoy se ha limitado a decir que respeta y acata la sentencia del TC. Los socialistas aseguran tener el compromiso de su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, de apoyar la delegación de competencias si llega a la Moncloa pero lo cierto es que en sus visitas a Andalucía no se ha pronunciado públicamente. La delegación de competencias, fórmula prevista en el artículo 150.2 de la Constitución, exige aprobar una Ley Orgánica, que necesita mayoría absoluta en el Congreso.
El PP-A dijo finalmente sí después de que los socialistas aceptasen, la semana pasada, que la iniciativa cuente con un informe jurídico del Consejo Consultivo. Este sí le costó las críticas de los regantes y agricultores, sectores entre los que cuentan con apoyo electoral y contrarios desde siempre al traspaso de competencias. Ayer, representantes de Feragua y Asaja protestaron ante la Cámara contra la "fragmentación de la cuenca" mediante una fórmula que a su juicio "bordea la legalidad", según la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante.Pero el no popular hubiera dado armas al PSOE, con unas elecciones autonómicas próximas en las que por primera vez el PP tiene posibilidades reales de gobernar, para poner en entredicho el apoyo que en 2007 dio el PP al Estatuto.
La portavoz popular, Carolina González Vigo, trató de salvar los muebles apoyando la iniciativa pero dejando claro que eso no significa "avalar el modelo de gestión" sobre la cuenca de la Junta, que considera "politizado". González Vigo denunció la inseguridad jurídica y la duplicidad de funciones; la falta de ejecución presupuestaria -que cifró en mil millones- y obras pendientes -1.800-; además de la "confrontación permanente con los usuarios". Ofreció un pacto para cambiar el modelo de gestión negociado, no solo con las fuerzas políticas, sino con los afectados. Todo ello valió al portavoz socialista, Mario Jiménez, como argumento para achacar al PP que apoya la iniciativa "con la boquita pequeña". Jiménez subió a la tribuna, en el turno de réplica, con un discurso que parecía más previsto para la hipótesis de que el PP hubiera anunciado su abstención o rechazo.
Acusó al PP de no atreverse "a decir lo que de verdad piensa" y es que "en el fondo no está de acuerdo". Desde IU, José Antonio Castro, ratificó su exigencia de las máximas competencias sobre el río, pero recriminó al PSOE que lance esta propuesta con la legislatura terminando y no en marzo, cuando se produjo el fallo del TC. Castro echó en cara la tardanza en este tema mientras "pactan una reforma exprés de la Constitución" e ironizó con que estaría ya hecho "si lo hubiera propuesto Merkel". Planteó que si el PSOE-A tiene asegurado el apoyo en Madrid no dirija la iniciativa directamente al Gobierno de Zapatero y no a las Cortes, pero Jiménez defendió que eso sería "hurtar la capacidad legislativa en una materia que es objeto del Estatuto". Para IU, la propuesta tiene un "tufo" electoralista a "cortina de humo" del bipartidismo, y lamentó que no se hable de la aplicación práctica tras constatar que el conflicto político planteado "no está entre las preocupaciones de los andaluces en la cola del SAE".
