El Parlamento se une a la Junta con un segundo recurso contra la reforma local en 48 horas

PSOE e IU culminan su órdago autonomista ante el Constitucional a las puertas del 28-F. La Cámara andaluza ha registrado 22 recursos de inconstitucionalidad en 30 años, ocho han prosperado, la mayoría del PSOE contra el Ejecutivo de Aznar.

el 26 feb 2014 / 14:37 h.

diaz-valderasEn la antesala del 28-F, el Parlamento andaluz aprobó ayer, con los votos de PSOE e IU (57), la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la reforma local, un día después de que el Consejo de Gobierno hiciera el mismo movimiento. La Junta denuncia que la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende usurpar competencias a los ayuntamientos o clausurar  los más pequeños en favor de las diputaciones, y busca también privatizar los servicios municipales más básicos para los ciudadanos, tales como el agua y la recogida de basuras. Los populares no ven justificado el recurso, ni legal ni argumentalmente, y por eso votaron en contra y fueron muy críticos con la estrategia de «confrontación» de la Junta. El recurso ante el Tribunal Constitucional, el octavo que prospera en el periodo de vida del Parlamento, carga contra más de 20 preceptos de la ley,  en vigor desde el 10 de diciembre. PSOE e IU sostienen que la norma retira competencias locales, lo cual supondrá el despido masivo de 40.000 empleados públicos. Además, según los cálculos del vicepresidente Diego Valderas, la Junta tendrá que cargar con políticas que ahora desarrollan los ayuntamientos, con un coste sobrevenido de 600 millones de euros. El portavoz de IU, José Antonio Castro, instó al PP a que convenciera al ministro Cristóbal Montoro para que conceda  una moratoria en la aplicación de la ley, antes de que el recurso llegue al Constitucional, y su homólogo socialista, Mario Jiménez, defendió el consenso en materia de autonomía municipal, calificando la reforma del PP de «obscenamente inconstitucional». Muy crecido, el diputado popular Antonio Sanz afeó a los socios de Gobierno que cuestionen aspectos de la ley «que estaban en el primer borrador, pero que se han mejorado» en la tramitación posterior. Sanz también acusó a la Junta de estar «deslegitimada» para criticar la reforma local, debido a la abultada deuda que arrastra con los ayuntamientos andaluces, la mayoría en la financiación de la atención a dependientes. En el periodo de vida de la Cámara se han registrado 22 recursos de inconstitucionalidad, la mayoría (18) durante la V y la VI legislatura, que coinciden con los años de Gobierno de José María Aznar. De los 22 recursos, prosperaron ocho, gracias a la mayoría absoluta socialista o a la complicidad de los grupos minoritarios, IU o PA. Otros tres fueron retirados y el resto rechazados. Nunca ha prosperado una denuncia del PP, grupo que presentó el último recurso registrado en la Cámara, el 15 de febrero de 2010, contra los Presupuestos Generales de 2009. El recurso de inconstitucionalidad es una herramienta de la que Andalucía ha echado mano cada vez que sus políticos y gobernantes han denunciado el maltrato de las políticas de Moncloa. Lo ha usado la izquierda cuando en Madrid gobernaba la derecha, y el PP e IU cuando Zapatero era presidente. Ha sido una decisión medida, por tanto, el que Gobierno y Parlamento andaluz envíen dos recursos de inconstitucional por invasión competencial en menos de 48 horas, la semana del 28-F. El último recurso aprobado por el pleno fue el 13 de febrero de 2002, en contra de la Ley Orgánica de Universidades de Aznar, consensuado por PSOE e IU. También prosperó el recurso contra la ley de reformas del sistema financiero, en 2002, y contra los camios a la ley del aborto de 2003. IU también recurrió las leyes de Presupuestos Generales de 2005 y 2006, y el PSOE lo frenó. La pérdida de empleos municipales –en el mantenimiento de colegios, centros de salud y servicios sociales de proximidad, como la atención a mujeres maltratadas– es una consecuencia de la pérdida de competencias de los alcaldes en favor de las diputaciones provinciales y la Junta. El 86% de los consistorios de la región (689) –donde reside un tercio de andaluces (3 millones)– perderá capacidad de gestión con la norma. La filosofía de la ley es una administración, una competencia, y su objetivo es ahorrar 7.000 millones. Otra medida es que los municipios de menos de 20.000 habitantes cedan la gestión de servicios (limpieza, basuras...) a las diputaciones, y que los pueblos de menos de 5.000 habitantes se fusionen voluntariamente a cambio de incentivos (más financiación), una medida que afectaría en Andalucía a 530 municipios (el 68%).

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