Cuando, en un partido de fútbol, un jugador cae lesionado, es práctica de honor echar el balón fuera para así no jugar con ventaja por una superioridad numérica motivada por una causa de fuerza mayor. Indudablemente, el Parlamento de Andalucía no es un campo de fútbol, pues si dos jugadoras (léase parlamentarias) no pueden jugar (léase acudir al Pleno y votar) por una razón tan obvia de fuerza mayor (estar de baja por maternidad), el equipo contrario (o sea, la Oposición) en vez de echar el balón fuera (que se hubieran abstenido dos diputados/as para compensar las ausencias por maternidad) corren con más rapidez que nunca a meter un gol aprovechando una superioridad que no le ha sido concedida por la legitimidad de las urnas sino motivada por un hecho tan natural y necesario como la maternidad.
Griñán lo dijo con claridad: "esto es producto de la discriminación a la mujer. Si estuvieran reguladas las bajas por maternidad no nos hubiera ocurrido".
El proceso de lucha por la igualdad plena entre mujeres y hombres es un proceso histórico de enorme calado social, político y cultural. Es, probablemente, la revolución más importante, profunda y duradera en la condición humana que podamos recordar en mucho tiempo. En este sentido, el reto actual constitucional no consiste sólo en plantear explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres, sino en la necesidad de garantizar leyes y políticas efectivas que remuevan los obstáculos para la plena igualdad en todos los ámbitos, comenzando, como desgraciadamente se ha vuelto a comprobar, por el político.
Por ello, la vertebración y el progreso de la sociedad precisa la integración plena de las mujeres. Obviamente, ésta es una cuestión social, un asunto de todos, no sólo de las mujeres. Y, cada vez más, afortunadamente, se convierte en un asunto visible, no escondido como hasta hace poco, un asunto político.
En relación al acceso al poder, conviene incidir en el hecho de que siguen existiendo muchos espacios sociales en los que las mujeres siguen estando excluidas o subrepresentadas. Estos espacios suelen tener algo en común: están vinculados al poder, la autoridad, el dinero y el uso de los recursos. Por ello, ha sido preciso, a través de la paridad en las listas electorales, establecer un marco jurídico que garantizara la participación equilibrada entre hombres y mujeres en la vida política. Presencia equilibrada que progresivamente ha de ir garantizándose también en los centros de gestión y en cualquier órgano consultivo y de asesoramiento. De esta forma se transmite un mensaje nítido a la sociedad: la política compete por igual a hombres y a mujeres. Por ello, urge reformar la legislación electoral, permitiendo las sustituciones interinas de las diputadas de baja por maternidad para que no vuelva a producirse una situación tan lamentable como la que se vivió el pasado jueves en el Parlamento de Andalucía.
