Economía

El paro: suma y sigue sin fin

Pacto para reformar las pensiones pero no para la negociación colectiva.

el 26 dic 2011 / 21:13 h.

La situación laboral de los españoles en 2011 ha empeorado respecto al año anterior, y eso que parecía difícil. El número de parados no deja de crecer debido a la precaria situación de un tejido productivo cada vez más debilitado y se acerca peligrosamente a los cinco millones de desempleados.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre (julio-septiembre), el paro aumentó en 144.700 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 4.978.300. Con respecto al mismo periodo de 2010, el incremento fue de 403.600. En total, en los últimos cuatro años, se han perdido 3,4 millones de empleos, tal y como recordó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura.

De poco ha parecido servir la reforma laboral aprobada por el Gobierno en la primavera de 2010. Incluso Europa ha levantado la voz varias veces este año para reñir a España por la alta tasa de desempleo. Hasta se llegó a barajar la posibilidad de sancionar a los países que superaran un porcentaje, tal y como ocurre con el déficit. Lo último, la propuesta del Banco Central Europeo (BCE), los denominados mini-jobs, que tanto han gustado a la patronal española CEOE y que han rechazado de plano los sindicatos. Estos mini-trabajos funcionan ya en Alemania y son contratos de baja remuneración (400 euros) y un máximo 15 horas de trabajo a la semana.

REFORMAS. A principios de año se llegó a un acuerdo sobre otro de los asuntos pendientes en la agenda laboral. La reforma de las pensiones obtuvo el beneplácito de los agentes sociales, así que el Gobierno no se vio obligado a legislar sin el apoyo de patronal y sindicatos, como le sucedió unos meses después con la reforma de la negociación colectiva. La aprobación definitiva tuvo lugar en julio.

Esta nueva ley recoge que desde el 1 de enero de 2013, la edad de jubilación tendrá un periodo transitorio, por el que pasará desde los 65 a los 67 años en 2027. El periodo de cotización obligatorio para cobrar toda la pensión pasará de 35 a 37 años. Sólo podrán jubilarse a los 65 quienes, por lo menos, hayan contribuido 38 años y seis meses. A partir del 1 de enero de 2013, se abrirá un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022, en el que el periodo de cotización exigido para calcular la pensión pasará de 15 a 25 años.

En esos años se contemplan medidas de gracia para que puedan recomponer la cotización quienes tuvieran 55 años y, al menos durante dos años hubieran cotizado en el desempleo por las bases mínimas al ser despedidos. Con vistas a los jóvenes, el Gobierno aceptó computar como parte de la vida laboral los periodos transcurridos como becarios, con un límite de dos años, y permitir así llegar a esos 38 años y medio requeridos para retirarse a los 65.En lo que se refiere a la negociación colectiva, más de cuatro meses de negociaciones entre patronal y sindicatos no llegaron a buen puerto.

El principal choque radicaba en la prórroga automática de convenios una vez finalizada su vigencia. Eso obligó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a legislar en esta materia, una decreto que aprobó el Congreso en junio y que supone colocar el convenio de empresa como "centro de gravedad de la reforma", frente a los convenios sectoriales y provinciales.

El Gobierno pide a la banca un esfuerzo extra
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, le puso las pilas al sector financiero español para menguar los ataques de los mercados a principios de año. Así, en enero anunció la redefinicion inmediata de la ratio mínima de core capital (capital social más reservas) de todas las entidades financieras con relación a activos ponderados en riesgo, siguiendo la definición fijada por Basilea III en el horizonte de 2013, y exigiría a todas una ratio del 8% que podría ser superior para las entidades que no cotizan y tienen una dependencia de los mercados mayoristas superior al 20%.

De hecho, las cajas de ahorros, dada su dificultad añadida para captar financiación en los mercados de capitales, se veían obligadas a aportar un mayor grado de solvencia que los bancos cotizados, un esfuerzo que se traducirá para las cajas en un core capital que ronda entre el 9% y el 10%.

Fue en febrero cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley que elevaba las exigencias de capital a las entidades financieras para reforzar su solvencia y recuperar la confianza. Los nuevos requerimientos entraron en vigor en marzo. El objetivo era que las entidades, hasta en los momentos "más adversos e improbables" pudieran mantener la concesión de crédito.

Las necesidades de capital adicional del sistema financiero español no superaban los 20.000 millones de euros, según los datos que manejaba en esos momentos el Ministerio de Economía basados en cálculos del Banco de España.

La norma establecía así una exigencia de capital del 8% para las entidades, y del 10% para las que no cotizan, no contaban con presencia de inversores en el 20% del capital y disponían de una excesiva dependencia de la financiación mayorista, de más del 20%.
Eso trajo consigo que algunos grupos de cajas de ahorros que se habían unido bajo la fórmula del SIP (Sistema Institucional de Protección), denominada comúnmente fusión fría, decidieran salir a bolsa para aumentar su capital. Éste fue el caso de Caixabank, Banca Cívica y Bankia.

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