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El ‘peaje judicial’ no rebaja las sentencias recurridas

El 13% de los fallos son apelados pese a que desde finales de 2009 hay que pagar 30 o 50 euros.

el 20 ago 2011 / 19:33 h.

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La medida pretendía descargar de algo de trabajo a unos juzgados que ya de por sí suelen estar saturados.

El proyecto de ley de agilización procesal, que prevé limitar las posibilidades de recurrir la decisión de un juez, ha despertado gran controversia, sobre todo entre los fiscales. La norma, que prevé ampliar también el secreto de sumario durante toda la fase de instrucción, se encuentra actualmente en trámite para su aprobación definitiva tras el visto bueno del Congreso. El objetivo, como el de todas las reformas judiciales, es acabar con la lentitud de los procesos y desatascar el sistema. Para ello, en noviembre de 2009, ya se introdujeron algunas medidas, a través de una Ley Orgánica complementaria a la legislación procesal para implantar la nueva Oficina Judicial. Entonces se estableció el depósito para recurrir, que obliga a pagar entre 30 y 50 euros a priori para recurrir una sentencia. Sin embargo, el llamado por sus detractores peaje judicial, no parece haber desincentivado a los ciudadanos. Si en 2009, el 13,4% de las sentencias dictadas en Andalucía fueron recurridas, el año pasado -ya con el previo pago en vigor- lo fueron el 13,1%.

Los defensores de la limitación de los recursos esgrimen para ello las estadísticas de las sentencias que son corroboradas en segunda instancia. En Andalucía, el 74,16% de los recursos de apelación resueltos en 2010 confirmaron la primera decisión judicial. En el caso de los recursos de casación, que se presentan ante el Supremo, fueron desestimados el 86,62%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para presentar ambos, desde hace un año es preciso pagar 50 euros por adelantado, independientemente de que la sentencia final determine el pago de las costas del juicio. El depósito solo es de 30 euros para recursos de queja, que se interponen ante el mismo órgano judicial que dictó el primer fallo, normalmente para la revisión de ciertos autos.

El Proyecto de ley de medidas de agilización procesal fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo y en junio por la Comisión de Justicia del Congreso, que lo remitió en julio al Senado, Cámara que no admitió enmiendas. Prevé suprimir los recursos de apelación en los juicios verbales de reclamación de cantidad -que la crisis ha disparado- cuando la cuantía pedida sea inferior a 6.000 euros. Además, tanto en la jurisdicción civil como en la contencioso-administrativa, se eleva de 150.000 a 800.000 euros la cuantía para recurrir ante el Supremo. Y las fianzas para recurrir oscilarán entre 90 y 600 euros.

Estas medidas han provocado un arduo debate entre los partidarios de agilizar la justicia y aligerarla de pleitos irrelevantes, y los defensores de la tutela judicial con las máximas garantías.

El problema es que el sistema garantista sigue saturando los juzgados y alargando los plazos. Así, en Andalucía, aunque la media entre el ingreso de un caso en un juzgado y la primera sentencia es de 3,5 meses (cuatro más si se recurre hasta que resuelve la segunda instancia judicial), esta duración varía mucho según la jurisdicción. Así, en la penal, se reduce a una media de mes y medio pero en la contencioso-administrativa supera el año y medio. La media en la jurisdicción civil es de 10,7 meses y en la social de 7,3 meses. En todos los casos, el tiempo se ha incrementado en el último año salvo en la contencioso-administrativa, donde se ha recortado muy poco (de 20,1 meses a 19,8) y en la penal que se mantiene igual. En la civil y social la duración media de los pleitos ha aumentado más de dos meses en cada una. No obstante, la media general se sitúa ligeramente por debajo de la estatal, situada en 4,1 meses en la primera instancia, 5,1 en la segunda y algo más de un año en el caso de los recursos que se presentan ante el Supremo.

La nueva Oficina Judicial no prevé aumento de personal

El borrador del decreto marco que regulará la estructura y organización de la nueva Oficina Judicial en Andalucía, que la Junta ha trasladado a sindicatos y agentes judiciales y prevé aprobar antes de final de año, divide los partidos judiciales en tres niveles que determinarán el tipo de servicios comunes con los que contarán.


En un primer nivel se sitúan los grandes partidos judiciales por su volumen de juzgados y por contar con salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Son las capitales de Sevilla, Granada y Málaga, que contarán con servicio común procesal general (con sección de registro, reparto, señalamiento y estadística;actos de comunicación y auxilio judicial; caja judiciales y otros); servicio común de ordenación del procedimiento; y servicio común de ejecución. E

n este primer nivel, la Oficina Judicial comenzará a instaurarse por el servicio común de ejecutorias de los juzgados penales de Sevilla, que ya se intentó implantar como proyecto piloto pero finalmente no se logró un acuerdo con los sindicatos. En el segundo nivel estarán los partidos judiciales del resto de capitales más Algeciras, Jerez, Marbella, Fuengirola y Torremolinos. Contarán con los mismos servicios comunes si bien en el procesal general no habrá sección de cajas judiciales. Aquí, la Oficina Judicial comenzará a implantarse en la nueva Ciudad de la Justicia de Almería, ya diseñada para la reordenación.

Por último, el tercer nivel integrará a todos los partidos judiciales en los que no hay órganos especializados por jurisdicciones sino que todos los juzgados son de primera instancia e instrucción. En éstos, se creará un único servicio común procesal de partido judicial con funciones de procedimiento y ejecución.

El secretario general para la Justicia de la Consejería, Pedro Izquierdo, señaló que en principio, el diseño de la nueva Oficina Judicial no prevé aumentar los 7.500 funcionarios existentes sino redistribuirlos, ya que habrá menos adscritos a un juzgado concreto y el resto trabajará en servicios comunes.

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