El enésimo intento de transformar el mercado de trabajo y las relaciones laborales, actualmente en proceso de discusión de enmiendas, está repleto de buenas intenciones -como en las anteriores reformas- para crear más empleo, acabar con la dualidad, superar desequilibrios..., pero no entra a tocar el "núcleo duro del despido", esto es la indemnización del contrato indefinido ordinario.
"Ése es el principal pecado de la reforma laboral de 2010" porque, a juicio del ex presidente del Tribunal Constitucional Miguel Rodríguez-Piñero, "es el elemento cultural de referencia", ya que "la regla ha derivado en que un trabajador para ser despedido ha de recibir 45 días. Lo demás son excepciones".
El experto en Derecho del Trabajo y miembro del Consejo de Estado, que fue el encargado de clausurar el curso de la Escuela Andaluza de Economía con una reflexión sobre las luces y sombras de la reforma laboral, responsabilizó a ese "régimen" de haber impulsado la precariedad, porque el empresario ha rehuido de esta fórmula de contratación.
Así pues, y con el presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, sentado enfrente, Rodríguez-Piñero no dudó en culpar a los empresarios de que las indemnizaciones por despido, aun tratándose de causas objetivas -por las que se pagan 20 días a razón de año trabajado-, hayan superado incluso los 45 días correspondientes a improcedentes.
reprimendas.
"Los empresarios han preferido un despido libre caro a otras cosas", aseveró, aunque sus críticas fueron más amplias pues se extendieron a la Administración, a la que tachó de "tratar más de negociar que de decidir" y a la estructura judicial, de la que lamentó que "no haya sido congruente con las reglas del sistema económico" y el escaso margen que tienen de decisión porque "o es blanco o es negro", pero no hay un punto intermedio.
Aunque precisó que la reforma laboral planteada "no es tan mala como la pintan ni tan buena como hubiera podido ser", sí criticó el "nivel político", echó en falta el necesario consenso de los partidos en esta materia y criticó que nadie haya puesto sobre la mesa una reforma "audaz", ni siquiera a la hora de presentar las enmiendas, que tachó de "impresentables", puesto que ninguna de ellas -343, según los datos ofrecidos por Herrero- hace el mínimo esfuerzo "por oxigenarla", reprendió.
En este punto, demandó un papel más protagonista del poder legislador en detrimento del diálogo social, del que criticó que cuando se han alcanzado acuerdos entre los agentes sociales "sus resultados han sido mucho más moderados".
Aun así, admitió que, de todas las reformas realizadas, ésta es la más intensa y avanzada, aunque no le pareció suficiente.
Uno de sus mensajes partió de un necesario cambio tanto de actitud como de aptitud, y lamentó que en la cultura española predomine la filosofía del despido como primera opción. "El despido es la fórmula prioritaria de reorganización productiva en España", aunque cualquier adaptación requiere un esfuerzo. Por contra, optó por la formación, el reciclaje y facilitar que quien esté en el paro no agote los dos años de prestaciones.
Como contrapunto, puso a otros países en los que apenas si se tarda dos meses en reengancharse al mercado laboral y enfatizó que fuera de nuestras fronteras se valora al trabajador como el capital humano que es y, por tanto, el despido se convierte en la última opción posible, ya que el empresario sopesa la formación recibida y la inversión que ha hecho en él.
"Uno de los problemas -abundó- es que en nuestro país no se cumple la norma, ¿o es que se puede pensar que realmente hay 700.000 despidos improcedentes?". El quid está en cómo se están aplicando las reglas y cómo lo hacen los jueces, espetó.
Además, reseñó la creciente tendencia a la precarización, con el despido del trabajador que sale "más caro" para contratar a una persona más joven que cobra menos y realiza la misma función.
Herrero se defiende. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, también presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la patronal española CEOE, salió ayer en defensa de los planteamientos abordados en el seno del diálogo social, porque aunque finalmente no se logró sellar el acuerdo, algunos aspectos sí se trasladaron al decreto ley, precisó.
En este sentido, Herrero enfatizó que el asunto del coste del despido -que ha centrado la mayoría del debate social sobre la reforma laboral- no fue la única cuestión analizada, aunque sí estuvo muy focalizado en las causas del despido objetivo y cuál debía ser el contrato indefinido ordinario del país, "pues no tiene sentido que sólo un 7% de la contratación sea estable".
Junto a ello, se analizó la necesidad del contrato de formación y de prácticas. Así, se pusieron sobre la mesa realidades como que "el 78% de los despidos del país eran disciplinarios, lo que suponía una distorsión" de la realidad, precisó, mientras que sólo el 18% respondía a causas objetivas.
Además, se plantearon los procedimientos utilizados y modificaciones de las condiciones de trabajo, aunque sin resultado de consenso.Entre otros datos, reseñó que los expedientes de suspensión de empleo -es decir, los ERE temporales- fueron utilizados en el 75% de los casos frente a los procesos de extinción (esto es, despidos), fórmula que antes había sido más utilizada.
