Recientemente me han sorprendido dos noticias que nos tendrían que hacer recapacitar sobre el alcance de lo que se ha de considerar maltrato y sobre las consecuencias que conlleva ese concepto comprensivo de todo tipo de violencia, física, verbal, psicológica e incluso parapsicológica que puedan sufrir las mujeres en el contexto de las relaciones de pareja, sin pararse a pensar, bastaría más, en los hechos que han desencadenado en un resultado, que, algunos lejos de estar dispuestos a evitar, pretenden limitarse a incluir en el balance de réditos de su exclusivo y excluyente postmachismo hembrista subvencionado.
La primera, el juez decano de Barcelona es acusado e imputado como maltratador, tras mantener una discusión con su esposa, notaria, con quien acababa de contraer matrimonio. Ambos se han denunciado, pues en esos momentos de tensión emocional, la pasión desborda a la razón y los buenos modales, y subiendo de tono el enfrentamiento conyugal, ya nos encontramos ante un nuevo caso de maltrato, en el que sólo el varón es considerado responsable como maltratador, sufriendo el estigma que podría incluso poner en peligro su trayectoria profesional. La noticia no ha pasado de ser anécdota mediática, lo cual cambiaría si el incidente, lo cual me temo que terminará ocurriendo, lo hubiera sufrido un personaje más significativo como un presidente, ministro, o hijo o hermano de presidente o ministro.
Ese es el riesgo de vivir en una sociedad igualitaria en la que las leyes han de aplicarse a todos con el mismo rasero. La segunda noticia, un anciano asesina a su esposa, y tras las críticas al gusto de lo políticamente correcto, se reconoce que el autor, padecía desde hace tiempo de graves trastornos psiquiátricos. Es decir que no nos encontraríamos ante un nuevo caso de violencia de género sino ante un problema de salud mental que nadie se ha preocupado, como en tantos, de corregir.
