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El pellejo del magistrado

Pasados tres años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la interposición de recursos de inconstitucionalidad sobre numerosos artículos del mismo, empieza a resultar de difícil justificación el retraso del Tribunal Constitucional en emitir la sentencia que resuelva el litigio.

el 16 sep 2009 / 05:53 h.

Pasados tres años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la interposición de recursos de inconstitucionalidad sobre numerosos artículos del mismo, empieza a resultar de difícil justificación el retraso del Tribunal Constitucional en emitir la sentencia que resuelva el litigio.

Si miramos en los países de nuestro entorno occidental podemos encontrar que existen dos sistemas de justicia constitucional denominados sistema "difuso" y sistema "concentrado". Mientras que en el primero el control se atribuye a todos los órganos judiciales existentes en un Estado, que lo ejercitan incidentalmente al decidir sobre una causa de su competencia en la que se plantea la eventual inconstitucionalidad de la norma que ha de aplicarse, en el segundo el control se concentra en un único órgano. El primero es el modelo americano, en el que son los jueces los encargados del control de constitucionalidad de las leyes (es la llamada judicial review), mientras que el segundo es el modelo austriaco, ideado por Kelsen y recogido en la Constitución de la República Austriaca de 1920 que se extendió por toda Europa (Alemania, Italia, Portugal, España, etc).

En estos Estados los Tribunales Constitucionales surgen como órganos defensivos de la Constitución frente a los poderes del Estado, fundamentalmente el Legislativo. Se concibe como instrumento de protección del pacto constituyente, frente a posibles interpretaciones "mayoritarias" poco respetuosas del mismo. Este sistema parte de una concepción jerárquica del ordenamiento jurídico, en cuyo vértice se sitúa la Constitución que es la norma que da validez a todo el orden jurídico. Esta concepción entraña, pues, la necesidad de una garantía jurisdiccional de la Constitución, garantía que le ofrece el Tribunal Constitucional mediante sus resoluciones.

Por ello, el Tribunal Constitucional juega un papel decisivo, no menos cierto que muy complicado, de cierre del proceso de creación y validación del ordenamiento jurídico. Una tardanza de tres años en la resolución de un asunto de tanta importancia para la configuración de la ordenación territorial del poder en nuestro sistema constitucional sólo se puede explicar, más allá de la evidente complejidad técnica que comporta, atendiendo a razones derivadas del previsible impacto político de la sentencia.

Probablemente el Tribunal Constitucional avalará la filosofía y la mayor parte del contenido del Estatut, declarará inconstitucionales algunos artículos, presumiblemente pocos y no los de mayor trascendencia, y avalará como constitucional otra buena parte del articulado siempre que ésta se entienda como el Tribunal declare. Y ahí es donde, al parecer, radica la razón de la tardanza y donde encontramos la fuga del sistema: el Tribunal Constitucional se convertirá, de esta forma, en un segundo legislador asumiendo una función que resulta de difícil compatibilidad con su naturaleza esencialmente jurisdiccional y con su polémica legitimidad democrática.

La tarea ya era compleja pero el Tribunal Constitucional, con su demora y su controvertida estrategia, aún se la ha complicado más. No me gustaría estar en el pellejo de los magistrados.

Profesor de Derecho Constitucional

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