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El 'pelotazo' de Crucero Banús ocultó a Hacienda 6,3 millones

Los peritos ratifican que la sociedad suiza creada para la operación era de los cuatro acusados en el caso Malaya. Una exasesora declara que Roca mandaba en "muchas áreas" de Marbella.

el 11 ene 2011 / 19:47 h.

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La exasesora jurídica de Urbanismo, Raquel Escobar, durante su declaración en el juicio de Malaya.
Funcionarios de la Agencia Tributaria ratificaron que en el pelotazo urbanístico de Crucero Banús, investigado en el caso Malaya, se utilizaron fondos (6,3 millones) que permanecían ocultos a Hacienda, los cuales afloraron gracias a ésta, y también que se usaron ganancias de patrimonio no justificadas. Dos funcionarios declararon ayer como peritos en el macro juicio que investiga la trama corrupta en Marbella. En esta operación urbanística están acusados, entre otros, el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; el exedil Pedro Román; el excomisario Florencio San Agapito, y el letrado Juan Hoffman.

 

Los peritos aseguraron que la sociedad constituida en Suiza con la que se desarrolló esta operación inmobiliaria, denominada Lispag, era "una sociedad meramente instrumental al servicio de la ocultación" y explicaron el destino de los fondos de la cuenta habilitada a nombre de dicha entidad en España y los ingresos que se realizan a uno de los socios. Los funcionarios contestaron a las preguntas del ministerio fiscal y detallaron también las cuentas de los diferentes socios para la creación de Lispag. Precisaron que "ninguno" de los participantes en la sociedad "presentó declaración" a Hacienda, salvo "las complementarias presentadas" por San Agapito y aseguraron que existen argumentos suficientes para considerar que dicha sociedad pertenece a esos cuatro acusados y no a las personas que aparecen como fiduciarios.

En esta sesión del juicio terminó el interrogatorio de la que fuera asesora jurídica adscrita al departamento de Urbanismo de Marbella, Raquel Escobar, que había comenzado el lunes. Esta testigo dijo que Roca "tenía autoridad suficiente para impartir órdenes en muchas áreas del Ayuntamiento", no sólo en la de Urbanismo.

Escobar insistió en que "lo que dijera Roca estaba autorizado plenamente por el alcalde", en referencia a Jesús Gil, coincidiendo con la declaración del lunes de otra letrada colaboradora de Roca, María Castañón.
Escobar recordó que cuando fue contratada no se elaboraban informes jurídicos en materia de licencia, tal y como lo había exigido Gil, y contó que cuando le daban instrucciones "algunas de ellas" provenían de Gil, aunque "en bastantes ocasiones" se las daba Roca.

En relación con la operación Crucero Banús apuntó que tenía "desconocimiento" del convenio y de cómo se tramitó, ya que, a su juicio, a los efectos de sus funciones "todo ese trámite era irrelevante", por ello "ni verificaba ni corroboraba". Según el escrito provisional de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman para comprar una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, "un aumento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el ayuntamiento con la recalificación "se reducirían deliberadamente en perjuicio del consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados", dice la acusación pública en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que cifra estos beneficios globales en más de seis millones de euros.

El interés de la exedil. Por otro lado, la que fuera asesora jurídica explicó que la exedil Isabel García Marcos, expulsada del PSOE tras entrar a formar parte del Gobierno marbellí con Marisol Yagüe, también acusada, "se tomaba más interés que la mayoría de los miembros de la junta de gobierno local en tener conocimiento exhaustivo de los expedientes de licencias e informes técnicos" y dijo que "solía querer estar bien informada".

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