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El pirómano de Las Naciones se niega a declarar y dice que el querellante tendría que estar en prisión

el 03 feb 2010 / 16:01 h.

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Rafael P.P., de 67 años de edad e imputado por intentar hacer  volar en julio pasado el bloque número 30 de la calle Arquitecto José  Gómez Millán de Sevilla por medio de siete bombonas de gas butano y  líquido inflamable, se negó hoy nuevamente a declarar por las  presuntas calumnias e injurias a un vecino del bloque en los meses  previos al incendio, aunque sí dijo que "el que tendría que estar en  prisión" es el querellante.  

En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que  Rafael P.P. acudió en la mañana de hoy miércoles a los juzgados del  Prado de San Sebastián para prestar declaración ante el Juzgado de  Instrucción número 6 de Sevilla, aunque finalmente se negó a ello  señalando que el querellante --el administrador de fincas que  gestiona la comunidad de propietarios de este edificio y vecino del  propio bloque, José Enrique Algaba-- "tendría que estar también en la  cárcel por las cosas que dice en la querella".  

De esta manera, es la segunda ocasión en la que este individuo se  niega a declarar ante la juez Mercedes Alaya Rodríguez, pues hay que  recordar que en su primera comparecencia, fijada para el pasado día  14 de septiembre de 2009, argumentó que el Juzgado de Instrucción  número 14 --el cual instruye la causa por el incendio del pasado mes  de julio-- no le había devuelto el audífono que usaba y que entregó  tras causar presuntamente el fuego, algo que finalmente se solucionó.  



En su día, el propio José Enrique Algaba recordó que fue en  noviembre de 2008 cuando él mismo denunció al ahora imputado  acusándolo de introducir cartas en su buzón con mensajes  "completamente ofensivos y que excedían los límites de lo tolerable".  Según afirmó, en estas cartas Rafael P.P. "realizaba una serie de  imputaciones", por lo que "llegó un momento en el que no podía  tolerar más" los mensajes incluidos en las misivas e interpuso la  denuncia ante el Juzgado, el cual realizó la citación judicial un mes  más tarde, factor este que disuadió al acusado de remitir más misivas  al administrador.  

Al hilo de ello, Algaba señaló que, aunque tras la primera  citación judicial el imputado dejó de mandar cartas, pasó a  amenazarle verbalmente, aunque los vecinos "nunca llegamos a imaginar  que las amenazas iban a llegar a este término" --en referencia al  incendio provocado el pasado mes de julio por este individuo,  actualmente en prisión imputado por un presunto delito de estragos,  el cual engloba los daños y el incendio, y once presuntos delitos de  incendio en grado de tentativa--.

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