El plan andaluz de refuerzo alimentario el reparto de tres comidas diarias a niños en riesgo de exclusión a través de los colegios ha atendido a 9.000 menores que antes de que se crease el programa no percibían esta ayuda. En abril de 2013, cuando se aprueba el decreto ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social (donde está incluido el plan de garantía alimentaria), la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales ya atendía de oficio a 11.000 niños, a través de bonificaciones que cubrían su alimentación básica (además para ellos el comedor escolar era gratis). Estos chicos estudian en colegios de zonas socialmente desfavorecidas, la evaluación de los servicios sociales sobre su paupérrima condición de vida ya estaba hecha, así que en cuanto entra en vigor el plan, los chavales empiezan de inmediato a recibir la bolsa con el desayuno y la merienda, además del almuerzo. Por tanto, la extensión de estas prestaciones es lo que vino a regular el programa de garantía y solidaridad alimentaria, dotado con dos millones de euros. Para acceder a las tres comidas diarias, los nuevos beneficiarios debían presentar una solicitud, cumpliendo los requisitos que establece un protocolo de Salud, y previo informe de los servicios sociales comunitarios, que deben corroborar su falta de recursos familiares. Por esta vía han accedido al programa unos 9.000 menores en nueve meses de funcionamiento, aunque la Junta estimó que se atendería a 40.000 niños andaluces en riesgo de malnutrición. Al final el total de beneficiarios se ha quedado en unos 20.000, de los que sólo 9.000 son nuevas incorporaciones a través del plan de refuerzo alimentario. Llegado a ese tope, Salud pidió por carta a los ayuntamientos que «no deben derivar a niños nuevos» al programa, aunque cumplan los requisitos del protocolo, porque el plan está en «fase de evaluación» y va a ser sustituido por otro. Esta situación ha generado algo de confusión en los últimos dos días, porque primero la consejera de Salud, María josé Sánchez Rubio, aseguró que las tres comidas diarias en los colegios serían sustituidas por ayudas económicas a las familias, una medida que existe desde hace años y que también está incluida en el decreto ley contra la exclusión. Luego su departamento corrigió a Sánchez Rubio, y explicó que el plan no será eliminado, pero sí se revisará a la baja. Antes de redactar el nuevo decreto contra la exclusión, la consejería hará un balance del plan de refuerzo alimentario (en julio) para estudiar caso a caso si las condiciones del niño han mejorado (en cuyo caso podrían ser derivados a otras ayudas) o si persiste el riesgo de malnutrición, y seguirían recibiendo las tres comidas al día. Es decir, lo que se plantea es que el programa atienda a menos niños, no a más, puesto que Salud ya ha impuesto un tope inferior al previsto. Sánchez Rubio habló de la necesidad de hacer «un estudio muy detallado de la situación de las familias», con un «mayor control y rigor» para decidir quién sigue mereciendo las ayudas y quién no. En el estudio detallado, no se revisarán las ayudas a los 11.000 menores que viven en zonas deprimidas, sino la de los 9.000 que entraron en el programa. «El decreto se mantiene como está», aclaró ayer la consejera, «a los que están en situación de dificultad, que no tienen ni lo básico, bajo ningún concepto se les va a dejar tirados». Sin embargo, las previsiones con las que se creó este programa parecen haber cambiado, toda vez que se han restringido las ayudas cuando aún no se ha llegado a la mitad del universo estimado de beneficiarios. En la exposición de motivos, el decreto ley contra la exclusión social recuerda que Andalucía ocupa el noveno lugar entre las comunidades con menores en riesgo de pobreza (24,6%). Entre ellos, los que viven en entornos familiares con privación material severa (casos graves de pobreza) constituyen el 5,6% (98.600 menores andaluces, según el INE), un porcentaje que ha experimentado un incremento de 2,4 puntos desde 2008. «Ante la cronificación de estas situaciones, existen numerosas familias que no sólo están en riesgo de pobreza y exclusión, sino que ven amenazada una garantía básica como es la alimentación», dice la norma, para justificar la ampliación de la cobertura alimentaria a unos 40.000 menores. El nivel de ingresos que exige Educación para bonificar el 100% del comedor escolar (una sola comida) ronda los 12.000 euros al año (beneficia a casi 100.000 alumnos). Los parámetros de Salud para el refuerzo alimentario fueron más bajos.
